Con un operativo realizado en la zona oeste de Rosario, el Gobierno de Santa Fe tomó posesión de una vivienda decomisada en una causa por enriquecimiento ilícito contra el ex comisario Osvaldo Raúl Bejarán, un expediente que quedó firme este año tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El procedimiento fue encabezado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y se enmarca en la política provincial de recuperación de activos vinculados al delito y la corrupción.
La intervención se llevó adelante en un inmueble ubicado sobre calle Lavalle, donde personal provincial realizó el desalojo de las personas que habitaban el lugar, un relevamiento integral de la propiedad y un inventario del mobiliario existente en los dos pisos de la vivienda. Una vez concluidas las actuaciones, se efectuó el cambio de cerraduras para formalizar la toma de posesión por parte del Estado.
Según indicaron desde la Provincia, se trata de la propiedad número 16 recuperada desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. El operativo fue coordinado entre la Aprad y el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco de una estrategia que apunta a reutilizar o rematar bienes decomisados para debilitar las estructuras económicas vinculadas al delito.
“Lo que buscamos es que los bienes secuestrados o decomisados vuelvan rápidamente al Estado para ponerlos al servicio de la sociedad y quitarles poder económico a las organizaciones criminales”, sostuvo el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.
El funcionario remarcó que la política no sólo alcanza a bandas narcocriminales, sino también a personas condenadas por hechos de corrupción. “Desde narcotraficantes hasta funcionarios condenados, todos los bienes decomisados regresan a manos del Estado”, afirmó.
Durante el procedimiento, además, los agentes detectaron un arma de fuego dentro de la propiedad. Su situación quedó bajo análisis judicial y será sometida a peritajes para determinar si correspondía su secuestro y si quien la poseía contaba con autorización legal.
En paralelo, la Provincia evalúa cuál será el destino final del inmueble. Por sus características, la alternativa más probable sería el remate, aunque previamente se analizará si puede ser reutilizado por algún organismo público. En los últimos meses, otros bienes recuperados fueron cedidos a dependencias estatales vinculadas a Salud Mental y al Ministerio de Justicia y Seguridad.
La vivienda está vinculada a Osvaldo Raúl Bejarán, un ex jefe policial que estuvo al frente de áreas relacionadas con la lucha contra el juego clandestino en Rosario y que terminó condenado por un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos como funcionario.
La investigación judicial detectó la adquisición de propiedades, vehículos y una licencia de taxi que no podían justificarse económicamente. Tras años de trámite judicial, en 2026 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena y habilitó el decomiso definitivo de los bienes vinculados al caso, considerado uno de los expedientes más resonantes de corrupción policial en Santa Fe.
