El gobierno de Javier Milei resolvió dejar sin efecto la prohibición de ingreso a periodistas acreditados en la Casa Rosada, luego de una semana de restricciones que generaron un amplio rechazo político, institucional y social. Según confirmaron fuentes oficiales, el acceso a la sala de prensa de Balcarce 50 será restablecido a partir del lunes.
La reapertura incluirá el regreso de la actividad habitual en el edificio gubernamental. Está previsto que ese mismo día el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retome sus conferencias de prensa desde las 11, ya con la presencia de periodistas en el recinto. En paralelo, distintos medios comenzaron a recibir notificaciones formales habilitando nuevamente su ingreso.
La decisión oficial revierte una medida inédita desde el retorno de la democracia en 1983. El jueves anterior, sin aviso previo, el Ejecutivo había restringido el acceso a los cronistas acreditados, en el marco de una investigación por una presunta infiltración vinculada a servicios extranjeros y tras una denuncia de la Casa Militar por supuesto espionaje ilegal, relacionada con la difusión de imágenes internas del edificio.
Como parte de esas acciones, el Gobierno también dispuso la eliminación del registro de huellas dactilares de los periodistas acreditados, bajo el argumento de reforzar la seguridad. “La medida fue preventiva y tuvo como único fin garantizar la seguridad nacional”, sostuvo el secretario de Prensa, Javier Lanari. Sin embargo, nunca se precisó un plazo concreto para la vigencia de la restricción.
Durante los días de cierre, los periodistas debieron reorganizar su cobertura desde las inmediaciones de la Rosada, mientras se multiplicaban las críticas. Entidades como ADEPA, FOPEA y cámaras empresarias, junto a dirigentes de la oposición, cuestionaron la medida por considerarla un retroceso en materia de libertad de prensa.
El reclamo también sumó respaldos institucionales. El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, recibió a periodistas en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina y luego participó de una manifestación en la Plaza de Mayo. Allí sostuvo que la labor periodística “sirve para informar a la sociedad, que tiene derecho a conocer los actos de gobierno”, y llamó a “promover el diálogo y la cultura del encuentro”.
En paralelo, el diario Ámbito Financiero presentó una acción de amparo para revertir la medida, que recayó en el juzgado contencioso administrativo a cargo de la jueza Lara Correa. La vía judicial se sumó así a la presión política e institucional sobre el Ejecutivo.
Hasta pocas horas antes del anuncio de reapertura, señales oficiales sugerían la continuidad de la restricción. En redes sociales, el propio Milei amplificó mensajes críticos hacia la prensa y, en distintas apariciones públicas, cuestionó con dureza el rol de los medios y periodistas, a quienes acusó de difundir información falsa y responder a intereses políticos.
En ese contexto, el Gobierno habría evaluado el costo político de sostener la medida frente al escenario de crecientes cuestionamientos. La decisión de reabrir la sala de prensa aparece así como un intento de descomprimir el conflicto antes de una eventual resolución judicial adversa. No obstante, desde el Ejecutivo anticiparon que el regreso de los periodistas se dará bajo un esquema de mayores controles de acceso, en línea con los argumentos de seguridad que motivaron la restricción inicial.
