Las amenazas a escuelas en toda la región se convirtieron en una problemática de alto impacto en las últimas semanas: obligaron a activar protocolos de seguridad, suspender clases y desplegar operativos policiales que implican costos millonarios para el Estado. En ese escenario, el gobierno provincial comenzó a aplicar una estrategia más dura que combina sanciones económicas, investigaciones penales y herramientas de prevención digital.
Según datos oficiales, el volumen de intimidaciones había alcanzado picos de entre 70 y 80 llamados diarios. Sin embargo, este lunes se registraron 15 casos, una caída significativa que desde la Casa Gris vinculan directamente con el inicio de notificaciones para recuperar los gastos de los operativos. “La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”, afirmó la vocera provincial, Virginia Coudannes.
La primera intimación ya fue enviada en la ciudad de Santa Fe y recae sobre los padres de una menor identificada como autora de una amenaza. El monto asciende a 6.024.944 pesos, correspondiente al costo del operativo desplegado, y deberá ser abonado bajo la figura de responsabilidad solidaria. Se trata de una acción administrativa y patrimonial que corre en paralelo a las causas judiciales.
“Tenemos más de 15 expedientes iniciados para avanzar con nuevas notificaciones en distintos puntos de la provincia”, indicó la funcionaria. Además, remarcó que la disminución de los llamados responde a una política integral que no solo busca recuperar recursos públicos, sino también generar un efecto disuasorio frente a este tipo de hechos. En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación continúa con la identificación de autores y el avance de las investigaciones penales.
Desde el Ejecutivo sostienen que cada falsa amenaza activa un engranaje que involucra fuerzas de seguridad, personal educativo y servicios de emergencia, con un costo operativo elevado y consecuencias directas en la comunidad escolar. Por eso, el objetivo es cortar la escalada de casos a partir de sanciones concretas y mayor concientización.
Prevención digital y nuevas herramientas. En ese marco, la Provincia también puso el foco en la prevención y presentó la aplicación StopApuestas, orientada a limitar el acceso de menores a plataformas de apuestas ilegales, contenidos violentos y entornos digitales no seguros. La herramienta funciona bajo un sistema de “lista blanca”, en el que los adultos autorizan previamente los contenidos a los que pueden acceder los menores desde celulares y tablets. “Cualquier persona con ID Ciudadana puede configurarla y administrar perfiles”, explicó Coudannes.
Durante la presentación, la vocera citó un relevamiento realizado en Rosario por la Secretaría de Comunicación provincial: el 35% de los jóvenes de entre 16 y 24 años reconoció haber apostado al menos una vez a través de aplicaciones móviles. El dato refuerza la preocupación por el vínculo entre el uso de tecnología y la exposición a entornos digitales riesgosos.
En esa línea, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa el concepto de “barrio digital”, que propone trasladar al ámbito virtual las lógicas de cuidado del espacio público. “Así como necesitamos veredas seguras en los barrios, también debemos construir entornos digitales protegidos”, sostuvo la funcionaria.
