El gobierno nacional dispuso este jueves la suspensión del ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada y la desactivación de sus accesos biométricos, en una medida de carácter “preventivo” que generó fuerte impacto en el ámbito periodístico y abrió un nuevo frente de tensión con la prensa.
La decisión fue comunicada a primera hora a los trabajadores que cubren habitualmente la actividad oficial en Balcarce 50. Al llegar al edificio, los cronistas se encontraron con un operativo de Casa Militar y efectivos de la Policía Federal que, con listados en mano, les informaron que no podían ingresar. Según explicaron desde Presidencia, “se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, lo que dejó sin efecto el sistema habitual de acceso.
La medida se produce luego de que la Casa Militar impulsara una denuncia penal por la difusión de imágenes tomadas dentro de la sede gubernamental en el marco de un informe televisivo. El organismo acusó a los periodistas Luciana Geuna y Pablo Salerno, de la señal TN, por una supuesta “intromisión ilegítima” en áreas restringidas, lo que derivó en actuaciones judiciales que quedaron radicadas en un juzgado federal.
De acuerdo a versiones publicadas por distintos medios, el informe en cuestión abordaba tensiones internas dentro del gobierno nacional y mostraba imágenes del interior del edificio. A partir de allí, desde el Ejecutivo se vinculó el episodio con una presunta maniobra de “espionaje ilegal”, argumento que fue utilizado para justificar la decisión de restringir el acceso a la prensa acreditada.
El episodio marca un punto de inflexión en la relación entre la administración de Javier Milei y los medios de comunicación. En las últimas semanas ya se habían registrado limitaciones puntuales para determinados periodistas y medios, pero la medida adoptada este jueves amplía la restricción a la totalidad de los acreditados, afectando directamente la cobertura diaria de la agenda presidencial y de los funcionarios.
En paralelo, el propio presidente respaldó la decisión a través de sus redes sociales, donde compartió publicaciones de terceros que celebraban la medida y cuestionaban el accionar de la prensa. Esos mensajes se suman a una serie de críticas que el mandatario viene expresando desde hace tiempo hacia distintos sectores del periodismo.
Desde el entorno oficial señalaron que la disposición es transitoria y que forma parte de una revisión integral de los protocolos de seguridad y acreditación en la Casa Rosada. Sin embargo, la falta de precisiones sobre los plazos y alcances de la medida genera incertidumbre entre los trabajadores afectados.
