Después de meses de reclamos por el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, el gobierno nacional dio una respuesta que abre una nueva etapa, aunque con más interrogantes que certezas. Lejos de asumir directamente las tareas de reparación y mantenimiento, decidió habilitar a las provincias a intervenir mediante un esquema de concesión por peaje y con plazos limitados.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 253/2026, que delega en nueve provincias —entre ellas Santa Fe— la posibilidad de gestionar tramos de rutas nacionales. Se trata de una delegación funcional, temporal y revocable, por un plazo máximo de 30 años, aunque sin establecer un mínimo. Esto implica que la titularidad de los caminos seguirá siendo del Estado nacional, pero la administración, las obras y las responsabilidades recaerán en las jurisdicciones provinciales.
En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro pidió cautela. “Es un avance, pero el decreto no dice nada concreto”, planteó tras participar de actividades oficiales en el sur provincial. El mandatario remarcó que la Provincia está en condiciones de invertir de manera inmediata —con una licitación lista por unos 6000 millones de pesos para intervenir la ruta A012—, pero advirtió que sin garantías de plazos extensos no resulta viable asumir el costo de obras que luego no podrán sostenerse en el tiempo.
El punto crítico es justamente ese: la duración de las concesiones. Si la cesión fuera breve, la Provincia podría reparar los tramos más deteriorados, pero sin un esquema que asegure mantenimiento a largo plazo. Por eso, en la Casa Gris insisten en que la clave estará en los convenios específicos que deberán firmarse con Vialidad Nacional, donde se definirá qué rutas serán transferidas y bajo qué condiciones.
El reclamo por el estado de las rutas nacionales lleva meses sin respuesta efectiva. Corredores clave como las rutas 11, 33 y 34 presentan un marcado deterioro, con impacto directo en la seguridad vial y en la logística productiva, especialmente en una provincia estratégica para la exportación agroindustrial. En ese contexto, funcionarios santafesinos, junto a representantes de otras provincias, protagonizaron reiteradas gestiones ante Vialidad Nacional sin resultados concretos.
Ahora, el nuevo esquema abre la puerta a que las provincias liciten obras y concesionen la explotación de los corredores. Sin embargo, el decreto establece condiciones estrictas: una vez firmado el convenio, la provincia tendrá un año para llamar a licitación y, tras la adjudicación, 90 días hábiles para firmar el contrato y otorgar la posesión. De no cumplir esos plazos, perderá la facultad otorgada.
Además, Santa Fe asumiría la responsabilidad civil por la ejecución de las obras y la operación de los tramos concesionados, incluyendo eventuales reclamos de usuarios o terceros. Es decir, aunque las rutas sigan siendo nacionales, el riesgo jurídico y operativo recaerá sobre la administración provincial.
En paralelo, dentro del gobierno santafesino analizan alternativas de financiamiento que no impliquen necesariamente la instalación de nuevos peajes, pese a que el decreto nacional promueve ese mecanismo. Entre las opciones en estudio aparece la creación de un fideicomiso con participación de distintos actores para sostener las inversiones.
Santa Fe cuenta con unos 2800 kilómetros de rutas nacionales, entre ellas corredores estratégicos como la RN34, RN11, RN9, RN33, RN19, RN168 y la A012, clave para la conexión con los puertos del Gran Rosario. La definición sobre su futuro inmediato dependerá, en gran medida, de la letra chica de los acuerdos que aún están pendientes.
