El Gobierno de Santa Fe volvió a llevar su agenda productiva al plano internacional con un reclamo puntual: revisar las restricciones que hoy limitan el ingreso del biodiésel argentino al mercado europeo. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro presentó en Buenos Aires un documento técnico ante el canciller Pablo Quirno, con el objetivo de reforzar la posición argentina frente a la Unión Europea y cuestionar los criterios que afectan a la cadena sojera.
El encuentro se realizó en la sede de la Cancillería y contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz. Allí, la comitiva santafesina entregó un dossier elaborado por equipos técnicos provinciales que reúne evidencia científica, económica y productiva sobre el biodiésel, con eje en el rol estratégico que tiene Santa Fe como principal polo de producción del país.
Según explicó Puccini, el documento apunta a desarticular uno de los principales argumentos de la normativa europea: la consideración de la soja como insumo de “alto riesgo” en términos ambientales. “El dossier reúne información sólida que refuta esa clasificación y demuestra que no se ajusta a la realidad productiva argentina”, señaló el ministro, en referencia a los criterios vinculados al cambio indirecto del uso del suelo (ILUC), que hoy condicionan el acceso del biodiésel al mercado comunitario.
La presentación se da en un momento clave. La Cancillería argentina prevé llevar estos planteos a Bruselas en los próximos días, en el marco de instancias técnicas donde se discuten regulaciones y estándares ambientales que impactan directamente en el comercio internacional. En ese contexto, el documento santafesino será incorporado como insumo en la defensa de la posición nacional.
Desde la Provincia insisten en que la discusión excede al biodiésel y pone en juego a toda la cadena de valor de la soja. “No se trata solo de un producto, sino de un sistema productivo que incluye aceite, harina y poroto. La estigmatización de la materia prima puede generar un efecto dominó sobre otras exportaciones”, advirtió Puccini.
En la misma línea, Losada calificó la reunión como “positiva” y remarcó que el objetivo es evidenciar que la medida europea “carece de sustento científico y técnico” y opera como una barrera comercial. Según estimaciones oficiales, las restricciones podrían implicar pérdidas cercanas a los 390 millones de dólares para la provincia, además de afectar el empleo y la actividad industrial vinculada al complejo oleaginoso.
El planteo santafesino se inscribe en una estrategia más amplia que incluye la articulación con el gobierno nacional, las provincias de la Región Centro y el sector privado. Días atrás, el tema fue abordado en el Gabinete Productivo regional y también formó parte de una agenda de trabajo con el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, y especialistas de la cooperación alemana, en busca de respaldo técnico y político en el escenario internacional.
El trasfondo del conflicto está en un informe reciente de la Comisión Europea, que revisa la evidencia científica sobre biocombustibles y aplica los criterios del Reglamento 2019/807. Desde Santa Fe cuestionan tanto la metodología como las conclusiones del documento, al considerar que no reflejan las condiciones reales de producción en Argentina.
Durante el período de consultas abierto por la Unión Europea, el gobierno provincial, junto a cámaras empresariales, presentó observaciones formales en las que se objeta la clasificación de “alto riesgo ILUC” asignada a la soja. La advertencia es clara: de consolidarse ese criterio, no solo se restringiría el biodiésel, sino que se pondría en riesgo el acceso al mercado europeo de otros productos clave del complejo agroindustrial argentino.
En ese escenario, la movida de Pullaro en Cancillería busca posicionar a Santa Fe como un actor activo en la defensa de sus exportaciones y, al mismo tiempo, fortalecer la estrategia nacional frente a regulaciones internacionales que —según sostienen— combinan exigencias ambientales con efectos comerciales concretos.
