La causa por la muerte de la policía federal Rosalía Yamila La Roza, ocurrida el pasado 21 de marzo en su vivienda de Villa Gobernador Gálvez, atraviesa un giro clave que modifica por completo la lectura inicial del hecho. Lo que en un primer momento fue interpretado como un fallecimiento en el marco de un forcejeo con su hijo de 15 años, hoy es investigado bajo la hipótesis de un crimen premeditado.
El caso había quedado inicialmente circunscripto a la crónica policial como un episodio doméstico trágico, con escasa repercusión pública. Sin embargo, el avance de la investigación y la aparición de nuevos elementos probatorios comenzaron a desarmar esa versión. En particular, el análisis de dispositivos electrónicos y testimonios del entorno del adolescente aportaron indicios que ubican el hecho en un escenario mucho más complejo y deliberado.
De acuerdo a información surgida de la pesquisa, el menor —identificado como L. A.— habría anticipado en distintas conversaciones privadas su intención de matar a su madre. Esos mensajes, enviados días antes del crimen a personas de su círculo cercano, forman parte de la evidencia que hoy analiza la Fiscalía. A esto se sumarían intercambios posteriores al hecho, en los que el adolescente habría confirmado que había llevado adelante el ataque.
En paralelo, las pericias balísticas y forenses también resultaron determinantes para reorientar la causa. El disparo que terminó con la vida de La Roza ingresó por la zona de la nuca, un dato que prácticamente descarta la hipótesis de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo o un disparo accidental en medio de un forcejeo. Este elemento técnico fortaleció la sospecha de una ejecución sin posibilidad de defensa por parte de la víctima.
Otro de los puntos bajo análisis es el contexto vincular entre la mujer y su hijo. Según trascendió de fuentes cercanas a la investigación, la relación estaba atravesada por conflictos personales previos, lo que podría aportar un marco explicativo a la conducta del adolescente. Incluso, no se descarta que haya habido conocimiento o participación indirecta de terceros, una línea que permanece abierta.
El menor, por su edad, es inimputable. En ese marco, la intervención judicial se limitó a la realización de una audiencia informativa y a la adopción de medidas de protección y restricción. Actualmente se encuentra alojado en una institución fuera del Departamento Rosario, con prohibición de regresar a Villa Gobernador Gálvez. Las medidas dispuestas estarán vigentes al menos hasta el próximo 27 de abril, fecha en la que se realizará una nueva audiencia para evaluar la situación.
La investigación está en manos de la fiscal Virginia Gabenara, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, un fuero que en los últimos meses cobró centralidad ante una serie de hechos graves protagonizados por menores en la provincia. No obstante, hasta el momento no se difundieron avances oficiales, lo que genera malestar en el entorno de la víctima.
Ese clima de incertidumbre se refleja en el comunicado difundido por la familia de La Roza, en el que expresan su angustia por los tiempos judiciales. “Nuestro silencio es una decisión consciente de fe en las instituciones y en el valor de la ley. Sin embargo, detrás de cada plazo técnico hay una familia atravesada por una angustia que no conoce de calendario”, señalaron.
En el mismo texto, los familiares remarcaron que, si bien respetan el carácter reservado de la Investigación Penal Preparatoria, la espera se vuelve “agónica” frente a la gravedad del hecho. También exigieron que el proceso avance con mayor celeridad y rigor técnico: pidieron la aplicación plena de la Ley 27.801, la intervención de equipos especializados y un abordaje acorde a la complejidad del caso.
“Que se apliquen los estándares del nuevo sistema penal juvenil para que el proceso avance sin dilaciones innecesarias; que la gravedad del hecho sea correspondida con la máxima eficiencia de cada interviniente”, reclamaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de garantizar un acceso real a la justicia.
El caso se suma a una serie de episodios recientes que reactivaron el debate sobre la violencia juvenil y los límites del sistema penal en relación a menores de edad. En ese contexto, la muerte de La Roza, ahora bajo sospecha de haber sido planificada por su propio hijo, expone una trama que excede el ámbito privado y vuelve a interpelar a las instituciones.
