La provincia de Santa Fe dio un paso clave en la reorganización de sus gobiernos locales con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Municipios, una norma que redefine el funcionamiento de las 365 administraciones municipales y que marca el inicio de una etapa de mayor protagonismo institucional para intendentes y concejos.
La iniciativa fue sancionada por la Cámara de Diputados provincial tras introducir modificaciones al texto que ya contaba con media sanción del Senado, y luego recibió el aval definitivo de la Cámara alta en la misma jornada. Se trata de una de las leyes centrales que se desprenden de la reforma constitucional de 2025, orientada a modernizar el Estado provincial y fortalecer la autonomía local.
Durante el tratamiento, la presidenta de la Cámara baja, Clara García, destacó el proceso de construcción del proyecto, que incluyó audiencias públicas y consultas con intendentes, presidentes comunales y representantes políticos. Según remarcó, el objetivo fue alcanzar una norma “innovadora”, con mayores niveles de participación y control ciudadano, y estructuras de representación acordes a las demandas actuales.
En la misma línea, el diputado socialista Joaquín Blanco subrayó el carácter histórico de la ley, al señalar que reemplaza marcos normativos con más de 90 años de antigüedad. Además, sostuvo que la nueva legislación busca consolidar municipios con mayor capacidad de gestión, planificación y respuesta frente a las necesidades sociales.
El proyecto recibió fuertes críticas desde distintos sectores de la oposición, que cuestionaron principalmente la falta de recursos y herramientas para garantizar una autonomía real. El ex ministro de Gestión Pública durante el gobierno de Omar Perotti, Marcos Corach, advirtió que se trata de una “autonomía incompleta”, al señalar que la norma transfiere responsabilidades a los municipios sin acompañarlas con financiamiento. En ese sentido, el peronismo había impulsado una cláusula transitoria para aumentar los fondos hasta que se defina una ley de coparticipación provincial, discusión que finalmente fue postergada por el oficialismo.
Las objeciones también incluyeron cuestionamientos al proceso de debate y al contenido de la norma. Lucila De Ponti calificó la ley como “una oportunidad perdida” y denunció falta de convocatoria a la oposición y a intendentes para su elaboración, mientras que desde otros espacios, como el Frente Amplio por la Soberanía y Somos Vida, señalaron que el texto es insuficiente en materia de distribución de recursos y, al mismo tiempo, introduce definiciones ideológicas en el funcionamiento del Estado local.
El texto final amplía significativamente el alcance original: pasó de 60 a 116 artículos y regula aspectos clave como las competencias de los intendentes, la organización de los concejos municipales y la vida institucional de cada localidad. Entre los cambios más relevantes, se establece que los concejos deberán tener un número impar de integrantes y una composición ajustada a la cantidad de habitantes, con el objetivo de garantizar mayor representatividad.
También se fijan mandatos de cuatro años con posibilidad de una sola reelección, lo que introduce límites a la permanencia en el poder y promueve la alternancia política. A su vez, la ley incorpora herramientas de participación ciudadana como audiencias públicas, referéndums, consultas populares e iniciativas vecinales para la presentación de proyectos.
Otro punto destacado es la inclusión de la revocatoria de mandato, que permitirá a la ciudadanía remover autoridades en casos de gravedad sin esperar a una nueva elección. Además, se habilita la creación de áreas metropolitanas y esquemas de cooperación entre municipios para la gestión conjunta de servicios y la planificación territorial.
En ese marco, la normativa también incorpora la denominada “Mesa de Transición Democrática”, un espacio obligatorio de articulación entre autoridades salientes y electas para garantizar traspasos ordenados y transparentes. El resultado de ese proceso deberá plasmarse en un informe público.
