El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes en Rosario una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para evaluar los avances de la política de persecución del narcotráfico y la violencia en la provincia. Del encuentro participaron la fiscal general María Cecilia Vranicich, el fiscal regional de Rosario Matías Merlo, el jefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico Franco Carbone, y funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Tras la reunión, Pullaro sostuvo que desde el inicio de su gestión se tomó la decisión de “ir a fondo contra la violencia y el narcotráfico en todas sus dimensiones”. Según indicó, las políticas impulsadas en coordinación con el MPA permitieron mostrar resultados en los indicadores de violencia. En ese sentido, recordó que el 13 de marzo de 2023 la provincia registraba 112 homicidios, mientras que actualmente la cifra se ubica en 22, una reducción que atribuyó al combate contra el tráfico de estupefacientes y las estructuras criminales que operaban en distintos barrios.
El mandatario destacó especialmente el trabajo conjunto con los fiscales que integran la Unidad de Microtráfico, creada para perseguir el narcomenudeo y desarticular puntos de venta de droga asociados a hechos violentos. “Estamos llevando adelante esta pelea que está dando los resultados que esperábamos en nuestra provincia”, afirmó.
Sin embargo, Pullaro advirtió que el escenario exige sostener la presión sobre las organizaciones criminales. “No hay nada ganado: es una pelea de todos los días, con decisiones que son difíciles. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja”, remarcó.
Cuando comenzamos a gobernar esta Provincia decidimos ir a fondo contra la violencia y el narcotrafico. Dos años después la realidad de Santa Fe cambió: el narcotráfico retrocedió y los índices de homicidio bajaron, pero nada está ganado y tenemos que seguir todos los días, con… pic.twitter.com/Dc1AKUBJBB
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) March 13, 2026
La reunión se produjo además en un contexto de fuerte tensión institucional entre el Ministerio Público de la Acusación y parte del Poder Judicial provincial. En los días previos, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, cuestionó fallos de la Cámara Penal que derivaron a la Justicia Federal algunas investigaciones por tráfico de drogas.
El funcionario advirtió que ese criterio podría tener consecuencias directas en la seguridad pública y sostuvo que limitar la actuación de los fiscales provinciales en casos de microtráfico podría traducirse en “más homicidios y balaceras” en una ciudad que durante años padeció altos niveles de violencia ligados al narcomenudeo.
Las declaraciones provocaron una rápida reacción dentro del Poder Judicial. Un grupo de integrantes de la Cámara Penal de Rosario difundió un comunicado en el que calificó de “agraviantes e impertinentes” las afirmaciones del fiscal regional y defendió la autonomía de los jueces para resolver sobre la competencia de las causas.
