Un fuerte cruce institucional se abrió en Rosario entre el Ministerio Público de la Acusación y parte del Poder Judicial provincial a raíz de las declaraciones del fiscal regional Matías Merlo, quien cuestionó fallos de la Cámara Penal que derivaron a la Justicia Federal algunas investigaciones por tráfico de drogas. El funcionario advirtió que ese criterio podría tener consecuencias directas en la seguridad pública y afirmó que limitar la actuación de los fiscales provinciales en casos de microtráfico podría traducirse en “más homicidios y balaceras” en una ciudad que durante años padeció altos niveles de violencia ligados al narcomenudeo.
Las declaraciones provocaron una inmediata reacción entre camaristas y magistrados rosarinos, que interpretaron los dichos como un ataque institucional y una intromisión en decisiones que, sostienen, corresponden exclusivamente a los jueces. En un comunicado difundido este miércoles, un grupo de integrantes de la Cámara Penal calificó de “agraviantes e impertinentes” las afirmaciones del fiscal regional. El documento fue firmado por los camaristas Bibiana Alonso, Javier Beltramone, Silvia Castelli, Daniel Curick, Nicolás Foppiani, Carolina Hernández, Alfredo Ivaldi Artacho, Juan Lavini Rosset, Guillermo Llaudet, Ismael Manfrín, Miguel Moreno, Tomás Orso, Gustavo Salvador y Gabriela Sansó.
La polémica se originó tras una entrevista que Merlo concedió al periodista Hernán Funes, de Cadena 3, en la que cuestionó resoluciones judiciales que enviaron a la Justicia Federal investigaciones vinculadas al comercio minorista de drogas. Desde 2024, tras la desfederalización parcial del narcotráfico en Santa Fe, ese tipo de delitos pasó a ser investigado principalmente por fiscales provinciales. Según el fiscal regional, ese cambio permitió fortalecer la persecución penal del microtráfico y forma parte de las herramientas que explican la fuerte reducción de los homicidios en Rosario desde 2023.
“Si nos quitan la posibilidad de investigar el microtráfico nos están sacando un instrumento central para reducir la violencia en los barrios”, sostuvo Merlo, quien coordina el trabajo de más de 80 fiscales en la región. En su visión, atacar los puntos de venta de drogas permite intervenir en los conflictos que derivan en balaceras, heridos de arma de fuego y homicidios.
Sin embargo, desde el Poder Judicial relativizan la magnitud del problema planteado. Fuentes judiciales señalaron que los conflictos de competencia fueron mínimos desde la entrada en vigencia de la desfederalización. De acuerdo con datos de la Oficina de Gestión Judicial, de 358 expedientes analizados por la Cámara Penal en ese período solo seis casos fueron derivados a la Justicia Federal, y en uno de ellos la Corte Suprema de la Nación respaldó el criterio de los camaristas.
En ese contexto, algunos magistrados interpretaron las declaraciones del fiscal regional como una señal política y cuestionaron que se mencionaran públicamente los nombres de jueces que adoptaron determinadas resoluciones. “La competencia la definen los jueces, no los fiscales”, sostuvo uno de los camaristas consultados, quien además advirtió que presentar esas decisiones como un obstáculo para combatir el narcotráfico constituye una acusación de extrema gravedad institucional.
El debate también expone tensiones más amplias entre el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación, al que algunos magistrados consideran cercano al Poder Ejecutivo provincial, impulsor de la reforma que trasladó parte de las investigaciones por narcotráfico al ámbito provincial. En ese escenario, el conflicto por la competencia para investigar el microtráfico volvió a instalar una discusión que combina criterios jurídicos, estrategias de seguridad y disputas institucionales dentro del sistema judicial santafesino.
