Dos construcciones utilizadas como puntos de venta de estupefacientes fueron derribadas este miércoles en la zona sudoeste de Rosario, en un operativo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Con esta intervención, realizada en Cisnero al 6400, la provincia alcanzó los 108 búnkeres de droga inactivados desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico.
El procedimiento fue supervisado por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y se desarrolló a partir de una investigación judicial que permitió identificar que ambos inmuebles eran utilizados para la comercialización de estupefacientes. Las estructuras demolidas se encontraban a escasos metros una de otra y funcionaban como puntos de narcomenudeo en un sector de la ciudad que registra reiterados episodios de violencia vinculados a estas actividades.
La intervención forma parte de la estrategia impulsada por la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico, aprobada a fines de 2023, que habilita investigaciones específicas sobre el narcomenudeo y permite clausurar o derribar las construcciones utilizadas para la venta de drogas. Los operativos se realizan de manera conjunta entre el Ejecutivo provincial, el MPA, la Justicia santafesina y fuerzas policiales, con apoyo de organismos locales y, en algunos casos, de fuerzas federales.
Durante el procedimiento, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, señaló que el operativo tuvo una particularidad: los dos búnkeres se encontraban prácticamente contiguos. El funcionario explicó que el sector intervenido corresponde al barrio La Lagunita, una zona que en los últimos meses registró homicidios, tiroteos y balaceras vinculadas al narcomenudeo, y donde se concentran varias investigaciones judiciales.
Según indicó Pereira, al momento del allanamiento los inmuebles estaban deshabitados, aunque en operativos anteriores realizados en el mismo punto se habían secuestrado drogas y se había constatado su utilización como puestos de venta.
“Cuando hablamos de búnkeres hablamos también de los hechos de violencia que se generan alrededor de esos lugares. Desactivar estos espacios es una de las herramientas para reducir conflictos, homicidios y balaceras que afectan la vida cotidiana de los vecinos”, sostuvo.
Por su parte, el fiscal del MPA Diego Giro explicó que el derribo se enmarca en una investigación que se viene desarrollando desde el año pasado en ese sector de Rosario. La causa incluyó distintos allanamientos y tareas de inteligencia realizadas junto a la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).
El fiscal precisó que en el último procedimiento se comprobó que las construcciones seguían siendo utilizadas para la venta de drogas. Además, recordó que en diciembre pasado se registró un doble homicidio a pocos metros del lugar, un hecho que, según surge de la investigación, estaría vinculado con las mismas personas que operaban el punto de venta.
