La Ley 27.801 establece que adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados por delitos. También incorpora penas diferenciadas, medidas socioeducativas y mayor participación de las víctimas.
La iniciativa fue aprobada por el Senado durante las sesiones extraordinarias del 27 de febrero con 44 votos a favor y 27 en contra. De esta manera, el oficialismo logró convertir en ley una de las reformas impulsadas por el gobierno.
En su versión original, el proyecto proponía fijar la edad mínima en 13 años. Sin embargo, durante el debate parlamentario se modificó el texto y se estableció el límite en 14 años para lograr mayor consenso político.
Ese cambio permitió sumar el apoyo de bloques como el PRO y la UCR, que consideraban ese piso más acorde con la legislación vigente en varios países de la región.
Cómo funcionará el nuevo sistema de penas
El nuevo régimen establece un sistema de sanciones diferenciado para adolescentes, con límites más bajos que los aplicados a los adultos.
La ley prohíbe expresamente la prisión perpetua para menores de edad y fija un máximo de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, violaciones, secuestros o robos con armas.
Además, las penas se reducen según la edad del acusado:
- Para jóvenes de 14 años, las penas se reducen a la mitad respecto de las previstas para adultos.
- Para quienes tengan 15 años, la reducción será de un tercio.
En los delitos cuya pena sea menor a tres años, la ley establece que no se aplicará la privación de la libertad.
Medidas alternativas y enfoque socioeducativo
La normativa también incorpora herramientas de justicia restaurativa y medidas alternativas al encarcelamiento para los casos que no sean considerados de extrema gravedad.
Entre las sanciones posibles se incluyen trabajos comunitarios, restricciones de acercamiento a las víctimas, prohibiciones de concurrir a determinados lugares y sistemas de monitoreo electrónico.
Además, se habilita la mediación penal, un mecanismo que permite resolver conflictos mediante el diálogo entre el joven infractor y la víctima, siempre que esta última acepte participar.
Centros especializados para menores
Otro de los puntos centrales de la ley es la regulación de las condiciones de detención.
La normativa establece que los menores no podrán compartir espacios con detenidos adultos y prevé la creación de centros especializados para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Estos espacios deberán contar con personal capacitado en niñez y adolescencia, además de garantizar el acceso a educación, atención médica y programas de tratamiento de adicciones.
Mayor participación de las víctimas
El nuevo régimen también otorga un rol más activo a las víctimas dentro del proceso judicial.
Las personas afectadas tendrán derecho a ser informadas sobre el avance de la causa, a ser escuchadas antes de decisiones relevantes —como eventuales excarcelaciones— y a recibir asistencia psicológica y asesoramiento legal gratuito.
Comparación con otros países de la región
Con el nuevo esquema, Argentina se acerca a los estándares vigentes en varios países latinoamericanos.
En Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana la edad de imputabilidad también está fijada en 14 años. En otros países como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, el sistema comienza a partir de los 12 años.
En la mayoría de estos casos, el tratamiento judicial de adolescentes combina sanciones con medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social.
