El Gobierno de Santa Fe avanzó este viernes en Rosario con un nuevo operativo de alto impacto contra el narcomenudeo: fue demolido un búnker de venta de estupefacientes, el número 101 desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico. La intervención estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad y se realizó en una propiedad ubicada en Hipólito Yrigoyen 1303.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que la inactivación de estos puntos tiene un impacto directo en los barrios. “Cada vez que se derriba un búnker se percibe rápidamente un descenso de la violencia. No se trata solo de atacar la venta de droga al menudeo, sino de desarticular los focos que generan muertes, tiroteos, balaceras y ponen en riesgo a quienes viven en la zona”, señaló. En ese sentido, subrayó que el seguimiento posterior a los derribos muestra una reducción sostenida de hechos violentos en los sectores intervenidos.
Desde el Ministerio Público de la Acusación, la fiscal Mercedes Banchio, integrante de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, explicó que el lugar había sido identificado en el marco de una investigación en curso. “Una de las personas investigadas fue aprehendida en este punto con material estupefaciente fraccionado para la venta. Además, el inmueble no tenía condiciones de vivienda: no contaba con servicios, baño ni instalaciones básicas, lo que permitió concluir que estaba destinado exclusivamente a la comercialización de droga”, detalló.
La causa derivó en una investigación de varios meses que incluyó 20 allanamientos simultáneos, incluso en lugares de detención. Según precisó la fiscal, hay nueve personas imputadas y una prófuga, algunas de ellas con vínculos con una fracción de la banda de Los Menores. Parte de los imputados se encontraba detenida en la cárcel de Piñero.
Con este operativo, ya son 101 los búnkeres inactivados en toda la provincia desde la sanción de la Ley de Microtráfico, aprobada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Los derribos se ejecutan desde principios de 2024 mediante un trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y los gobiernos locales.
La normativa habilita a intervenir sobre inmuebles utilizados para la venta de estupefacientes y asociados a hechos de violencia altamente lesiva, con el objetivo de debilitar el entramado del crimen organizado y mejorar las condiciones de seguridad en los barrios de toda la provincia.
