La provincia de Santa Fe puso en marcha durante 2025 el sistema de juicio por jurados, un mecanismo previsto por la ley Nº 14.253 que incorpora la participación directa de ciudadanos en el juzgamiento de delitos de extrema gravedad. La iniciativa abarca causas como homicidio calificado, robo seguido de muerte, abuso sexual seguido de muerte y hechos ocurridos en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes, y marca un cambio de paradigma hacia una justicia más abierta y participativa.
El primer proceso bajo esta modalidad se desarrolló en junio en los Tribunales de San Cristóbal, pertenecientes a la Circunscripción Judicial Nº 5. Allí se juzgó un caso de homicidio calificado y tentativa de femicidio, con la intervención de 12 jurados titulares y dos suplentes, todos seleccionados por sorteo del padrón electoral, tal como establece la normativa vigente.
Al hacer un balance de la experiencia, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, destacó que la implementación fue el resultado de “un largo recorrido institucional y legislativo” que permitió finalmente aplicar el juicio por jurados en la provincia. Además, subrayó una particularidad del modelo santafesino: el veredicto de culpabilidad requiere una mayoría agravada de diez votos sobre doce, sin necesidad de unanimidad, lo que busca evitar que los procesos se frustren por la falta de consenso total.
Hasta el momento, se realizaron cuatro juicios en distintas jurisdicciones: uno en San Cristóbal, otro en la ciudad de Santa Fe por un homicidio calificado en ocasión de robo, un tercero en San Javier por el homicidio de una jubilada y el último en Reconquista, por un femicidio. Para completar el cronograma previsto, resta que la Oficina de Gestión Judicial fije las audiencias correspondientes a las circunscripciones de Venado Tuerto y Rosario.
Un sistema con trabajo articulado
La puesta en funcionamiento del juicio por jurados implicó una coordinación estrecha entre el Poder Judicial, la Secretaría Electoral y otros organismos del Estado. Ese trabajo permitió conformar el padrón inicial de potenciales jurados, conocido como “nube”, que respeta criterios de paridad de género y proporcionalidad territorial en cada una de las cinco circunscripciones judiciales.
El padrón incluye a personas de entre 18 y 75 años que no sean abogados ni profesionales del derecho y que no tengan antecedentes penales, deudas alimentarias ni incompatibilidades legales. También quedan excluidos integrantes de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y quienes ocupen cargos jerárquicos en cualquiera de los tres poderes del Estado.
Mascheroni recordó que el alcance del sistema está claramente delimitado por ley. “Hoy se aplica solo a cuatro delitos, los más graves. Más adelante se podrá discutir una ampliación, como ocurrió en otras provincias, pero el objetivo inmediato es consolidar el funcionamiento y mejorar la experiencia”, señaló.
Desafíos y reformas pendientes
En paralelo, el secretario de Justicia se refirió a la agenda de reformas judiciales que aún están en debate en Santa Fe. Entre ellas, mencionó la necesidad de avanzar hacia un nuevo código penal que modernice los procedimientos y supere el esquema predominantemente escriturario.
También destacó avances en mediación, digitalización y, especialmente, en la problemática de la litigiosidad laboral. En ese sentido, recordó el compromiso asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro y la reciente firma de un convenio con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que permitirá designar peritos médicos judiciales y poner en marcha el observatorio de comisiones médicas. “Hay condiciones para abordar este problema de manera estructural, con herramientas institucionales y reformas en curso”, concluyó.
