La Cámara Federal de Paraná revocó el sobreseimiento y la falta de mérito de los 43 imputados por los incendios ocurridos en las islas del Delta del Paraná entre marzo y septiembre de 2020. El fallo, dictado por los jueces Mariela Emilce Rojas y Mateo José Busaniche (con la disidencia de Beatriz Estela Aranguren), hace lugar a la apelación presentada por el fiscal federal Claudio Kishimoto, a la que adhirió la Municipalidad de Rosario en su carácter de querellante.
La decisión judicial implica que la investigación continuará y se reexaminarán las pruebas vinculadas a los propietarios de los campos donde se detectaron los focos ígneos que afectaron a Rosario y localidades vecinas.
La secretaria Legal y Técnica del municipio, Juliana Conti, celebró la resolución al señalar que “la Cámara escuchó al fiscal y a la víctima, que en este caso es la ciudad de Rosario”. Subrayó además que “es trascendente que se dé otra oportunidad a la investigación, por la magnitud de los hechos y las consecuencias ambientales y sanitarias que generaron”.
En su apelación, la Municipalidad cuestionó el sobreseimiento inicial dispuesto por el juez federal Daniel Alonso, al considerar que la valoración de las pruebas había sido “arbitraria y endeble”. Sostuvo que los incendios fueron intencionales, reiterados y planificados, y que dañaron bienes jurídicos fundamentales como el medio ambiente, la salud pública y el transporte.
El planteo municipal destacó, además, que las pericias y testimonios de especialistas —como el ingeniero Ernesto Massa (INTA) y el secretario de Ambiente de Entre Ríos, Martín Barbieri— confirman la intencionalidad de las quemas, y que los informes satelitales del sistema FIRMS (NASA) y los catastros provinciales permiten vincular los focos con propiedades concretas del Delta.
La presentación también cuestiona que el juez haya aceptado como válidas las declaraciones unilaterales de los imputados y que haya desestimado pruebas periciales y satelitales. Para el municipio, los incendios configuran un posible “ecocidio”, por su magnitud y reiteración, y constituyen una violación a la Ley Nacional 26.562 sobre control de actividades de quema.
La causa penal se inició en marzo de 2020 tras la denuncia de la Municipalidad de Rosario, que luego amplió el intendente Pablo Javkin con nuevas pruebas documentales y fotográficas. En 2022, el municipio fue reconocido formalmente como querellante por el Juzgado Federal de Victoria, lo que le permitió intervenir activamente en la investigación junto al fiscal Kishimoto.
