La Justicia Federal de La Plata dictó este jueves el procesamiento de 15 personas por su presunta responsabilidad en la fabricación y distribución de fentanilo contaminado, un episodio que derivó en la muerte de al menos 124 pacientes y en una de las mayores crisis sanitarias recientes en el país.
El juez Ernesto Kreplak resolvió que la adulteración bacteriana de los lotes 31202 y 31244 se produjo en las instalaciones de Laboratorios Ramallo, vinculados a HLB Pharma. Las pericias del Cuerpo Médico Forense confirmaron la presencia de bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que agravaron los cuadros clínicos de los pacientes y aumentaron el riesgo de muerte.
Responsabilidades empresariales y técnicas. Entre los procesados figura Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group y Ramallo SA, señalado como el principal responsable del conglomerado. Fue procesado como coautor y recibió un embargo de $1 billón. También fueron imputados otros integrantes de su familia con roles directivos: Damián y Diego García, además de Nilda Furfaro.
El fallo alcanzó además a responsables técnicos y de control de calidad: José Antonio Maiorano, director técnico que autorizó los lotes; Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo; Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura; Víctor Boccaccio, director de control de gestión; y María Victoria García, jefa de calidad. A ellos se suman supervisores y técnicos como Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío Garay, Edgardo Sclafani y Eduardo Darchuk, acusados de liberar y validar productos adulterados.
Los que siguen bajo investigación. En cambio, el juez dictó la falta de mérito para Horacio Antonio Tallarico, presidente formal de Laboratorios Ramallo, a quien definió como un “prestanombre” de la familia García, y para Rodolfo Labrusciano, empleado administrativo. Ambos seguirán bajo investigación mientras se reúnen nuevas pruebas.
Impacto y reclamo de justicia. El caso del fentanilo contaminado expuso graves fallas en la cadena de producción, control y distribución de medicamentos, con consecuencias fatales para pacientes de distintos hospitales del país. Las familias de las víctimas reclaman condenas ejemplares y apuntan también a los organismos de control estatal por su falta de supervisión.
La investigación judicial continúa abierta y se esperan nuevas medidas procesales en las próximas semanas. Mientras tanto, la causa se ha transformado en un emblema de la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización sanitaria y de garantizar la seguridad en el sistema de salud.
