El Ministerio de Salud de Santa Fe denunció este lunes la desaparición de 68 ampollas de fentanilo en el Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad capital. La presentación fue realizada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por las autoridades del nosocomio y se acompañó de un sumario administrativo interno para esclarecer el faltante.
Según consta en la denuncia, los insumos sustraídos estaban destinados a la Unidad de Terapia Intensiva del hospital y no pertenecen a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación que derivó en una investigación judicial paralela. Dichos lotes habían sido retirados de circulación a comienzos de mayo.
El escrito presentado señala que la sustracción “podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como hurto (artículo 162) y/o los que surjan del proceso aquí instado que tipifiquen conductas reprochables del denunciado”. Al mismo tiempo, se solicita al MPA que investigue los hechos para determinar responsabilidades, recuperar los bienes y advertir sobre el peligro que representa la manipulación indebida de este opioide de uso hospitalario.
De manera paralela, el Ministerio de Salud provincial instruyó un sumario administrativo. Las autoridades remarcaron que el fentanilo es un medicamento de estricta utilización bajo indicación médica para pacientes críticos y en cirugías, y destacaron la decisión de “llegar hasta las últimas consecuencias, tomando todas las medidas administrativas con quien o quienes resulten responsables y poniendo todo a disposición de la Justicia para que identifique a los culpables”.
Fentanilo contaminado
El faltante de fentanilo en el Hospital Iturraspe se conoce en paralelo a los avances judiciales y legislativos en torno al caso del fentanilo contaminado que sacudió al país. Este martes, la Cámara de Diputados de la Nación comenzará a discutir en comisiones los distintos proyectos presentados para crear instancias investigadoras sobre lo ocurrido. La reunión se realizará a las 14 en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Silvia Lospennato (PRO), y servirá de marco para que los autores de las iniciativas expongan sus fundamentos.
En total son cuatro los proyectos en discusión. Dos corresponden a Unión por la Patria, firmados por Victoria Tolosa Paz y Jorge Araujo; otro pertenece a Silvia Giudice (PRO) y el restante a Pablo Juliano (Democracia para Siempre). Entre ellos se destaca el de Tolosa Paz, que propone la creación de una comisión bicameral de 16 legisladores (ocho diputados y ocho senadores), con mandato por 90 días y posibilidad de prórroga hasta un año. La iniciativa ya cuenta con 67 firmas de respaldo, entre ellas las de Nicolás Massot, Esteban Paulón y Oscar Agost Carreño.
Los fundamentos apuntan a esclarecer las responsabilidades no solo de los laboratorios implicados (HLB Pharma y Ramallo S.A.), sino también de los organismos estatales encargados de autorizar y controlar la cadena de medicamentos: ANMAT, los ministerios de Salud y Seguridad, la Procelac, la Procunar y la Dirección de Aduanas, entre otros. Además, se resalta la posibilidad de requerir información al Sistema de Inteligencia Nacional.
En paralelo, la Justicia avanza con las indagatorias a los imputados en la causa. Este lunes fue el turno de María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad del laboratorio Ramallo, quien se negó a declarar ante el juez federal Ernesto Kreplak. La funcionaria es una de las 17 personas procesadas en el expediente que investiga cómo un opioide de uso hospitalario terminó contaminado y provocó un escándalo sanitario sin precedentes.
