En el marco de la causa federal que investiga la distribución de fentanilo contaminado, el intendente rosarino Pablo Javkin declaró este lunes ante el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta, en representación del municipio, que fue aceptado como querellante en el expediente. El caso investiga una serie de muertes ocurridas en distintas provincias por la aplicación de ampollas adulteradas del opioide, producidas por los laboratorios HLB Pharma y Romallo.
Durante su intervención, Javkin presentó documentación que refuerza los vínculos entre los responsables de HLB Pharma y el laboratorio Apolo, con antecedentes en la ciudad. Los informes incluyeron habilitaciones, pedidos de informes, antecedentes de intervenciones municipales previas y medidas adoptadas en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde se utilizó el medicamento implicado.
En su presentación ante la Justicia, el municipio fundamentó su rol en los efectos concretos que el caso tuvo en el sistema de salud local. Las ampollas adulteradas fueron aplicadas en el Heca, lo que obligó a su retiro inmediato, a tomar medidas sanitarias extraordinarias y a resguardar judicialmente los lotes comprometidos. “Hubo un perjuicio directo, concreto y particular: afectó la salud pública, obligó a medidas de urgencia y generó un perjuicio económico al municipio”, sostiene el escrito firmado por las autoridades locales.
Además, se denunció una posible continuidad estructural y operativa entre Apolo y los laboratorios implicados, bajo distintas razones sociales, operando en un sector con deficiencias graves de control estatal.
Posible demanda por daños y exigencia de responsabilidades
El secretario de Gobierno local Sebastián Chale precisó que el fentanilo fue adquirido por licitación pública a través de droguerías habilitadas, y que el municipio no tiene contacto directo con los laboratorios. A raíz del escándalo, debieron retirar y destruir casi 300 ampollas, lo que provocó costos adicionales para el sistema de salud.
“No se trata solo de un perjuicio económico. Se alteró el funcionamiento del sistema, se generó riesgo a pacientes y hubo que actuar con urgencia. Lo central es que se investigue a fondo y se determinen responsabilidades”, afirmó Chale. El municipio no descarta avanzar con un reclamo por daños y perjuicios.
La causa por fentanilo adulterado suma múltiples querellantes, entre ellos el Hospital Italiano de La Plata, cinco familias de víctimas, el Ministerio de Salud de la Nación y, desde el 8 de julio, también la Provincia de Santa Fe.
Las ampollas distribuidas por HLB Pharma fueron señaladas como el posible origen de infecciones graves en pacientes internados. En Santa Fe, tras las alertas emitidas por la ANMAT, se ordenó la suspensión de todos los productos del laboratorio y se habilitó la compra de reemplazos para garantizar la continuidad de los tratamientos.
Según el Ministerio de Salud provincial, se enviaron 69 notificaciones al sistema nacional de vigilancia, incluyendo 35 casos de pacientes fallecidos que recibieron el fármaco, aunque aún se investiga si las muertes se vinculan directamente con las aplicaciones.
El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, hasta 100 veces más fuerte que la morfina, utilizado en hospitales para tratar el dolor severo y en anestesia. Su uso está restringido a entornos controlados y bajo supervisión médica.
En Argentina, el medicamento se utiliza desde hace décadas, pero su adulteración, como ocurrió en este caso, representa un riesgo crítico para la salud pública. A diferencia de otros países donde existe crisis por sobredosis vinculadas al consumo ilícito, en este caso el foco está puesto en una falla en el sistema regulatorio de la producción y distribución oficial.
