El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe dio un nuevo paso en el fortalecimiento del sistema penitenciario con la apertura de sobres de la licitación para incorporar cinco body scanners y cinco scanners de bultos. Los equipos serán instalados en las principales unidades carcelarias del territorio provincial y forman parte de las acciones contempladas en la Ley de Emergencia en Seguridad.
Los nuevos dispositivos serán destinados a los penales de Coronda, Santa Fe, Piñero y el Complejo Penitenciario Rosario, con una inversión estimada de $2.261 millones. La medida busca mejorar los controles en el ingreso de personas, bienes y suministros, y prevenir el ingreso de elementos prohibidos que faciliten actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
- Durante el acto de licitación, se presentaron dos ofertas: una de la firma Nuctech Company LTD por US$1.053.700 y otra de Productos Íntegra Azula S.R.L. por US$1.755.165.
“Estamos cumpliendo una nueva etapa de reequipamiento y modernización del sistema de seguridad, que también incluye al Servicio Penitenciario, clave en esta estrategia”, señaló el ministro Pablo Cococcioni. Además, remarcó que el objetivo es limitar las comunicaciones ilegales desde las unidades de detención: “Un tercio de los homicidios en la provincia eran ordenados desde una celda. Estas medidas apuntan a cortar ese vínculo con el exterior”.
Tecnología y nuevos uniformes
La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, valoró que los scanners permitirán separar el ingreso del personal del de las visitas, fortaleciendo el control interno y elevando el nivel de blindaje de los establecimientos. A su vez, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, destacó la importancia de estas incorporaciones “para mejorar la capacidad del Estado frente a la demanda ciudadana de mayor seguridad”.
En paralelo, se concretó la entrega de nuevos uniformes al personal del Servicio Penitenciario, también en el marco de la Ley de Emergencia. La compra incluyó más de 500.000 prendas para once tipos de uniformes, incluyendo modelos específicos para tareas de seguridad, administración y cuerpos especiales. La inversión final fue de $21.000 millones, tras lograrse una rebaja de casi $7.000 millones en el proceso licitatorio.
