La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un paquete de medidas que incluye un aumento del 7,2% en las jubilaciones, una actualización del bono previsional a $110.000 y la restitución de la moratoria previsional por dos años. Además, se otorgó media sanción al proyecto que declara la emergencia en discapacidad a nivel nacional hasta diciembre de 2027. Estos proyectos ahora serán tratados en el Senado para su aprobación definitiva. El presidente Javier Milei anticipó que vetará las leyes en caso de que superen exitosamente el Senado.
El aumento en las jubilaciones obtuvo el visto bueno a través de 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. La moratoria previsional, que permite a quienes no hayan completado los años de aportes jubilarse, obtuvo 111 votos a favor. La actualización del bono previsional también formó parte de este paquete, cuyo objetivo es mejorar los ingresos de los jubilados.
El proyecto de emergencia en discapacidad recibió 143 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones. Esta ley propone una serie de medidas destinadas a garantizar y ampliar los derechos de las personas con discapacidad. Entre ellas, se contempla el refuerzo de las pensiones no contributivas por invalidez, actualización automática de aranceles para prestadores de servicios relacionados y mecanismos para la regularización de deudas fiscales y de seguridad social.
Asimismo, se prevé el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y programas vinculados a salud, accesibilidad e inclusión. También se incluye el compromiso de garantizar recursos para la implementación del régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
Calle y Congreso. Diputados le dio media sanción a tres proyectos claves para sectores históricamente postergados: un aumento del 7,2% en las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2027.
Tras meses de protestas, que terminaron una y otra vez con represión, gases y palos, el Parlamento salió a dar alguna respuesta, aunque con la certeza de que todo esto es solo un primer round. Los jubilados verían un aumento en sus haberes y el bono previsional actualizado a $110.000, mientras que la moratoria, ese salvavidas que permite jubilarse a quienes no completaron años de aportes, volvió al centro de la escena.
La sesión, cargada de simbolismos, se desarrolló en medio de un operativo policial que evitó los incidentes pero no apagó el ruido de afuera: jubilados, personas con discapacidad, trabajadores del Garrahan, colectivos feministas y organizaciones sociales reclamaban por dignidad y derechos. Milei, desde su Twitter, pidió que el Senado no “apruebe esta demagogia populista”, mientras que en el recinto se daban los últimos debates y las maniobras políticas para controlar la votación.
El oficialismo no pudo evitar que la sesión avanzara; ya no estaban dadas las condiciones para bloquearla como el año pasado, cuando la mayoría de diputados de derecha y algunos aliados dejaron pasar el veto presidencial, que había frustrado un intento similar. Ahora, aunque el Ejecutivo avisó que vetará, la presión social y la cercanía de la campaña electoral vuelven más costoso cerrar la puerta a mejoras para los jubilados.
Durante el debate, Victoria Tolosa Paz defendió la necesidad de “ponerles en el bolsillo lo que les sacaron”, mientras que desde la oposición sonaron críticas con distintos matices. Miguel Ángel Pichetto pidió “jerarquizar el debate” y alertó sobre la desconexión del Gobierno con la realidad social; Nicolás Massot rechazó la idea de que todo puede ser vetado y advirtió que la propuesta busca dar “una respuesta justa y posible”.
A la vez, la Cámara también avanzó con media sanción en el proyecto que declara la emergencia en discapacidad. El Estado deberá reforzar pensiones no contributivas, garantizar servicios esenciales y actualizar automáticamente los montos y aranceles de terapias y asistencias que hoy sufren el embate de la inflación y la falta de financiamiento. En la sala, la presencia del ex diputado socialista Jorge Rivas, cuadripléjico y símbolo de las luchas por derechos, recordaba que en Argentina los derechos sociales siguen siendo una batalla pendiente.
El proyecto, impulsado por Daniel Arroyo, fue aprobado con 143 votos a favor, aunque desde el oficialismo y la oposición dura ya anticiparon que el veto presidencial caerá también sobre esta ley, alegando “impacto fiscal”. Sin embargo, el reclamo de los sectores vulnerables y la fuerza de la movilización en la calle anticipan que esta pelea seguirá, entre promesas, leyes, vetos y reclamos que se multiplican en un país donde la política no logra cerrar la grieta entre las necesidades y las decisiones oficiales.
