Personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector se movilizaron este miércoles en Rosario y la Ciudad de Buenos Aires para denunciar el estado crítico en el que se encuentra el sistema de atención, como consecuencia del ajuste impulsado por el gobierno nacional. Reclamaron la sanción urgente de una Ley de Emergencia que garantice el sostenimiento de las terapias, el trabajo de los profesionales y el acceso a derechos básicos.
En Rosario, la concentración se realizó desde las 11 en la Plaza San Martín. Con carteles, pancartas y testimonios conmovedores, los manifestantes alertaron sobre una situación que calificaron de “terminal”. Denunciaron la falta de pago a profesionales, la salida de transportistas del sistema y la imposibilidad de muchas familias de sostener tratamientos imprescindibles para niños, niñas y adultos con discapacidad.
“Estamos al límite. Muchos acompañantes terapéuticos no cobran desde hace meses. Lo mismo ocurre con transportistas y centros especializados, que están al borde del cierre. Todo el sistema está en riesgo”, expresó una trabajadora del sector durante la protesta.
Una de las demandas centrales es que el Congreso apruebe la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se debate en paralelo en la Cámara de Diputados. El proyecto propone, entre otros puntos, regularizar los pagos a prestadores, actualizar aranceles, fortalecer la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.
En la ciudad de Santa Fe, la movilización tuvo lugar frente a la Casa de Gobierno, en Plaza 25 de Mayo. Allí también se visibilizó el impacto del ajuste: “Los aranceles están congelados desde diciembre, mientras la inflación hace estragos. Hay profesionales que abandonaron porque no pueden seguir trabajando en estas condiciones”, señalaron desde una asociación de terapias integrales.
Los testimonios recogidos en ambas ciudades dan cuenta del deterioro sostenido del sistema y del sentimiento de abandono. “Yo trabajo con chicos con autismo, y ver cómo sus tratamientos se interrumpen porque las familias no pueden pagar es desgarrador”, dijo una terapeuta. Otra madre, entre lágrimas, se preguntó frente a las cámaras: “¿Por qué hacen esto? ¿Qué culpa tienen nuestros hijos?”.
La convocatoria tuvo su réplica frente al Congreso de la Nación, donde un fuerte operativo de seguridad blindó la zona desde temprano. Si bien por la tarde se sumaron otros sectores como jubilados, médicos del Garrahan, investigadores del Conicet y colectivos feministas, desde la mañana la presencia del Colectivo de la Discapacidad marcó el pulso de la jornada.
El proyecto de Ley que se discute en el Congreso busca declarar la emergencia hasta 2027. Sin embargo, el oficialismo ya anticipó su rechazo, al calificarlo de “regresivo y asistencialista”. Desde el Ejecutivo también advirtieron que, en caso de aprobarse, podría ser vetado.
Frente a esa postura, desde las organizaciones insisten en la urgencia de la norma. “No se trata de un privilegio, se trata de garantizar derechos básicos. No podemos permitir que se siga desmantelando lo poco que queda del sistema de atención a personas con discapacidad”, afirmaron desde el Colectivo.
En paralelo, se difundió un comunicado que resume el espíritu de la movilización: “La lucha por el reconocimiento y la protección de nuestros derechos es colectiva y nace desde abajo. Basta de vulneración, basta de abandono. Ley de emergencia ya”.
