La Legislatura de Santa Fe aprobó este jueves la reforma judicial, que eleva a siete el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia provincial. El proyecto obtuvo primero la media sanción en la Cámara de Diputados con 34 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Luego pasó al Senado, donde no contó con el apoyo del PJ, cuyos legisladores se abstuvieron.
La nueva ley establece una Corte de siete miembros, aumentando en uno su composición actual, y fija un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo. Además, introduce la posibilidad de que la Corte convoque a audiencias públicas. La propuesta contó con el respaldo del interbloque Unidos, el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y el sector perottista, mientras que algunos bloques del PJ –como los liderados por Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas, Verónica Baró Graf y Miguel Rabbia–, así como los bloques «celestes», votaron en contra.
- En cuanto a la paridad de género, se mantiene bajo el artículo 11 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que promueve la inclusión progresiva de mujeres y diversidad regional entre los nuevos miembros. Además, la reforma modifica el artículo 11 de la Ley N° 10.160, estableciendo que la Corte Suprema funcionará con siete ministros y un procurador general, y que será válida su conformación con al menos cuatro miembros activos.
Respecto a los nombramientos, los ministros y el procurador general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, en línea con el artículo 86 de la Constitución Provincial. Sobre el límite de edad, se estipula que los jueces cesarán automáticamente al cumplir 75 años, pudiendo ser nuevamente nombrados por un período de cinco años tras seguir el mismo proceso de designación.
En el ámbito jurisdiccional, la Corte podrá formar quórum con la mayoría de sus miembros designados, y para las decisiones se requerirá la mayoría de votos. En términos de gobierno interno, también se actuará con quórum de la mayoría, y las resoluciones se tomarán por mayoría simple.
Otra novedad de la ley es la incorporación de audiencias públicas, que se propone para mejorar la transparencia y el acercamiento al escrutinio ciudadano. Según el proyecto, la Corte podrá convocarlas con la aprobación de la mayoría de sus ministros, y se establecerá un reglamento que definirá las modalidades, finalidades y procedimientos para su convocatoria y desarrollo, incluyendo la posibilidad de requisitoria ciudadana.
Estos cambios le ofrecen al gobernador Maximiliano Pullaro una base política para resolver, por decreto, una situación que tres de los cinco jueces actuales en edad de retiro –75 años– han evitado enfrentar por voluntad propia: dejar sus cargos. Los magistrados Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco, que han superado esa edad, se resisten a retirarse y podrían buscar respaldo jurídico para mantenerse en la Corte. Por otro lado, dos jueces sí presentaron sus renuncias: Mario Netri, efectiva a fin de año, y María Angélica Gastaldi, quien dejará su cargo en abril de 2025.
Surge entonces la incógnita: ¿firmará Pullaro un decreto que impulse el retiro de estos tres magistrados resistentes, o se limitará a proponer nuevos nombres para las tres vacantes que se abren con las dos renuncias y la adición del séptimo integrante?
