La Cámara Federal de Casación confirmó la condena a seis años de prisión impuesta e inhablitación perpetua para ejercer cargos públicos para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, que juzgó el desvío del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015. El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, lo mismo que el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala. En cambio, fue condenado el ex secretario de Obras Públicas José López.
La Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).
- La decisión del máximo tribunal penal federal del país se plasmó en una sentencia de más de 1500 fojas de la cual se leyó la parte resolutiva. En tanto, corre el plazo de diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera que no quedará firme aún.
Es decir que el fallo no tiene aún efectos concretos y, finalmente, será la Corte Suprema el tribunal que resolverá el expediente. Si ratifica la decisión de hoy de Casación el fallo quedará firme y en condiciones de ejecutarse. Pero la Corte no tiene plazos para resolver.
Por eso, el macrismo busca apurar en el Congreso la ley de ficha limpia que prohíbe ser candidato a cargos electivos a cualquier condenado en segunda instancia. Esto impediría, de sancionarse la norma, que Cristina sea candidata el año que viene.
Hornos informó además que se aplicará un decomiso de 84.835.227.378,04 pesos, que se ejecutará una vez que el fallo esté firme, previa actualización del monto.
La audiencia tuvo lugar en la sala B de la planta baja de Comodoro Py. El presidente de la sala IV, Gustavo Hornos, fue el encargado de leer el veredicto ante los abogados defensores y el fiscal ante esa instancia Mario Villar. Cristina no estuvo presente, ya que no tenía la obligación.
A inicios de este año, los integrantes de la sala IV de Casación escucharon en distintas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la ex vicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.
En esa instancia de apelación, el fiscal ante Casación Mario Villar insistió en condenar a la ex presidenta a 12 años de prisión, al respaldar a los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado esa pena el debate oral por entender que hubo dos delitos, administración fraudulenta y asociación ilícita.
No obstante, por mayoría de dos votos a uno, los jueces del TOF2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia de Andrés Basso resolvieron condenar a la ex presidenta, a Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada».
En los fundamentos del veredicto, el TOF 2 remarcó que hubo un «hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo (de Lázaro Báez) fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional».
A lo largo de tres años y medio de juicio oral se comprobó «un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra», agregó el Tribunal.
En las audiencias ante Casación, la defensa de la ex vicepresidenta reclamó la absolución y sostuvo que la causa es parte del «lawfare» en su contra.
