La comisión de Servicios Públicos Concedidos del Concejo Municipal rosarino se reunió en el edificio anexo “Alfredo Palacios” para abordar algunas cuestiones que atraviesan a la ciudad. Presidida por Verónica Irizar del bloque Socialista, la reunión se centró en la escalada de violencia que ha afectado al transporte público.
Federico Lifschitz, del mismo bloque, presentó un pedido de informe que da cuenta de los recientes ataques a unidades del TUP “utilizados como medios para comunicar mensajes mafiosos al gobernador y autoridades de la Provincia de Santa Fe” según establece su proyecto. Referenció que estos ataques se suman a una ola de violencia que azota a la ciudad de Rosario, vinculada al narcotráfico y a las disputas entre bandas criminales; y que se han registrado numerosos ataques con armas de fuego contra unidades de transporte público de pasajeros.
El pedido de informe, canalizado a través de una minuta de comunicación, solicita un diagnóstico de la situación actual del TUP, y los incidentes vinculados al transporte urbano de pasajeros (que incluya datos estadísticos acerca del registro de incidentes y denuncias realizadas por parte de los choferes).
Por otro lado, reclama por las acciones que se han realizado desde la empresa concesionaria para reportar e informar los incidentes, así como los resultados obtenidos y las dificultades encontradas. Además, indaga por las acciones que se consideran necesarias para garantizar la seguridad, la movilidad de los usuarios y los trabajadores del transporte público, y la coordinación con áreas del gobierno municipal y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.
El pedido de informe destaca la gravedad de los ataques, vinculándolos con el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y las disputas entre bandas criminales en la ciudad. Además de solicitar datos estadísticos sobre los incidentes, se exige información detallada sobre las acciones tomadas por la empresa para abordar la seguridad de pasajeros y conductores, así como la coordinación con las autoridades locales y provinciales de seguridad.
Durante la sesión, se aprobaron diversas iniciativas destinadas a mejorar los servicios y espacios públicos en la ciudad. Esto incluye solicitudes al Ejecutivo municipal para garantizar la limpieza y mantenimiento de calles específicas, así como acciones dirigidas a la Empresa Provincial de la Energía y la empresa de servicios de agua potable ASSA. Además, se acordó la reubicación de una parada de colectivos en Acevedo y José Ingenieros para mejorar la accesibilidad al transporte público.
Además, figuró un pedido de actualización de tarifas para paseos en lancha en el lago del Parque Independencia, presentado por la cooperativa de trabajo «El Crucero». Este tema fue remitido a la comisión de Presupuesto Hacienda para su consideración: piden llevar el paseo a 1300 pesos. Además, se aprobó la renovación de prórroga por un año para los vehículos escuela de una particular vinculada a una escuela de conductores.
La reunión contó con la asistencia de diversos ediles de distintos bloques políticos, incluyendo Ciudad Futura, Justicialista, Radical, PRO, Vida y Libertad, y Arriba Rosario.
Repudio a ataques y protocolos policiales en discusión
En la reunión de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, presidida por Federico Lifschitz, se discutieron importantes asuntos relacionados con la seguridad en Rosario. Los ediles acordaron preparar una declaración de repudio al reciente ataque a ómnibus que transportaban personal penitenciario hacia el norte provincial, y solicitaron al Ejecutivo municipal que requiera al Ministerio de Seguridad provincial información sobre los operativos policiales a bordo de colectivos.
El debate se centró en un decreto presentado por Mariano Romero del bloque Justicialista, que solicita al municipio indagar sobre los protocolos de actuación de la policía en los colectivos, especialmente en casos de detenciones por falta de documentación. La discusión reflejó diferentes puntos de vista sobre la legalidad y la necesidad de tales procedimientos, con algunos ediles cuestionando la aplicación de la ley en casos específicos.
La concejala Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura, señaló en ese marco que “nadie discute que el Estado puede pedir el documento, pero sí las detenciones por no tener el documento nacional de identidad (DNI)”, para aseverar que “hubo detenciones”, como el reciente caso de dos jóvenes cartoneros demorados por horas en el centro rosarino.
Se destacó la sugerencia de María Fernanda Gigliani de dirigir directamente el pedido al Ministerio de Seguridad provincial como resolución. Además, se acordó trabajar en un texto de consenso sobre el pedido de informes, buscando clarificar los considerandos y garantizar la efectividad del mismo.
Otro tema abordado fue la coordinación entre efectivos policiales y áreas de control, donde se mencionó la necesidad de una acción conjunta para garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en el contexto de ataques intimidatorios contra el transporte público.
