En una conferencia de prensa previa al cierre de urnas, el presidente salvadoreño Nayib Bukele confirmó que hay contactos de cooperación entre el gobierno de Javier Milei y el suyo, pero aclaró que “el problema de seguridad de Argentina no es tan apremiante como el de El Salvador”.
“Las medidas que pueden ser compartidas por nosotros para Argentina, de repente no tendrían que ser tan drásticas porque no tienen problemas tan grandes como el nuestro. Ante problemas más pequeños, tal vez el medicamento puede ser más pequeño”, contestó el mandatario, en una conferencia de prensa.
Por otro lado, el mandatario mencionó que “hay similitudes” entre los dos países, tanto culturales, como de “problemas delincuenciales, que se forman generalmente producto de la pobreza”, por lo que “se puede tomar como ejemplo lo que está pasando en El Salvador”.
Bukele confirmó que su gobierno le ofreció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad”.
“Yo creería que el problema en Argentina es más pequeño, aunque preocupante, sobre todo en Rosario y algunas zonas, pero es más pequeño que en El Salvador y, por ende, si bien se pueden aplicar algunas cosas -y sería, creo yo, positivo aplicarlas-, no tendría que ser tan drástico porque el problema, comparado con lo que teníamos anteriormente en El Salvador, que era la capital mundial de homicidios, es bastante menor como para aplicar estas medidas”, dijo el mandatario salvadoreño.
El Salvador votó este domingo en unas elecciones en las que el presidente Bukele se declaró ganador con el 85% de los votos, pese a no contar con cifras oficiales. Las encuestas le otorgaban una aplastante victoria.
A pesar de tener el apoyo de ocho de cada 10 salvadoreños en edad de votar, el plan de seguridad de Bukele ha levantado señalamientos de supuestas violaciones a los derechos humanos y su participación en los comicios ha sido cuestionada por la oposición y parte de la comunidad internacional porque la Constitución prohíbe la reelección inmediata.
Tras un sangriento fin de semana con 87 muertos, Bukele impuso en marzo de 2022 un estado de excepción que militarizó el país y suspendió garantías constitucionales. Desde entonces, la política derivó en 76.000 detenidos y redujo a mínimos históricos los asesinatos, oficialmente 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023, en el que antes fue el país con mayor violencia criminal del mundo. Pero organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión.
