La Dirección General de Aduanas desarrolló este jueves 51 allanamientos en Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y el microcentro porteño en el marco de una denuncia por la fuga de 400 millones de dólares. Los procedimientos son en 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades de bolsa.
La materia de investigación es la operatoria de 176 empresas radicadas en el país que obtuvieron, a través de documentación falsa, la habilitación para comprar divisas al Banco Central (al precio oficial del momento) para la importación de bienes. Pero estas importaciones nunca se realizaron, sino que se fraguaron los documentos de control y autorización de Aduana (llamados Simi, existentes hasta el año pasado) para obtener las divisas y transferirlas al exterior.
El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo de Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo de Jorge Dahlrocha.
La maniobra realizada por las empresas consistió en simular importaciones, utilizando documentación falsa, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron formularios falsos, que habrían sido realizados con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.
- Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución –fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.
Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations de Estados Unidos para recabar información de las empresas en ese país y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas allí.
El sistema Simi no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con el banco Central (BCRA).
En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas. Muchas de las empresas allanadas –señaló Aduana- no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita. La denuncia se encuentra encuadrada en los artículos 864 inciso b y 865 inciso f del Código Aduanero, y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.
Fuentes: Télam, Página/12 y Rosario3.com.
