Los cuatro integrantes de Gendarmería Nacional que el pasado 22 de julio robaron un millón de pesos a una familia durante un control vehicular en el barrio Nuevo Alberdi fueron condenados por la Justicia Federal de Rosario a través de juicios abreviados. Las penas, de hasta dos años y seis meses de prisión condicional, incluyeron además inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación económica a las víctimas.
La sentencia fue homologada este martes por el juez federal Román Lanzón, tras un acuerdo entre el fiscal Federico Reynares Solari y las defensas de los imputados. El gendarme Santiago Hernán Romero recibió la pena más alta: dos años y medio de prisión y una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena. Sus compañeros Alejandro David Pacheco, Carla Cecilia Santillán y Diego Emanuel Torales fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional.
El caso, que inicialmente tramitó en la Justicia provincial, pasó al fuero federal a pedido del Ministerio Público Fiscal. En la audiencia del 5 de agosto, el fiscal Reynares Solari subrayó que el caso marca “un cambio de temperamento institucional” al reafirmar la competencia del fuero federal en delitos cometidos por fuerzas nacionales.
Según la investigación, el hecho ocurrió el 22 de julio a las 22.45 en Bouchard y Servellera, cuando los gendarmes detuvieron un auto con una pareja y sus dos hijos, de 6 años y 7 meses. Sin motivo legal, obligaron a los ocupantes a descender del vehículo y, durante la requisa, uno de ellos se apropió del dinero que había en el interior. Luego escaparon en una camioneta oficial.
Las víctimas denunciaron lo ocurrido en un puesto de Gendarmería cercano, lo que permitió identificar rápidamente a los responsables. Al presentarse en la base de la fuerza en el Club Sparta, los denunciantes los reconocieron como los autores del robo.
Además del hurto agravado, a Romero se le atribuyó el delito de coacción, ya que habría intentado persuadir a la familia para que desistiera de la denuncia a cambio de la devolución del dinero.
Los cuatro imputados deberán cumplir reglas de conducta durante dos años: fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de acercarse o comunicarse con las víctimas. Como parte del acuerdo, deberán pagar 50 mil pesos en concepto de reparación.
