Sanción definitiva a la Ley Brisa: reparación económica para hijos de víctimas de femicidio

Por unanimidad, la Cámara de Diputados le dio este miércoles sanción definitiva a la llamada “ley Brisa”, una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro. La iniciativa recibió 203 votos afirmativos y ninguno negativo.

  • La reparación, que comienza a regir desde el momento del procesamiento del femicida, consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual, con sus incrementos móviles.

Está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen (aunque el delito se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la norma). No obstante, la reparación no tiene un efecto indemnizatorio, ya que se extingue cuando las “víctimas colaterales”, es decir, los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años.

La percepción de la reparación también se extingue con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado, en cuyo caso “la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos”. Hasta los 18 años, los niños o adolescentes perciben la reparación a través de las personas que estén a su cuidado, mientras que entre los 18 y los 21 los cobran directamente.

En tanto, la reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares” y con otras prestaciones sociales de las cuales sean destinatarios. Por otra parte, la iniciativa garantiza a los hijos de víctimas de femicidios una “cobertura integral de salud”.

El proyecto lleva el nombre de “Ley Brisa” en referencia al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de cinco años años cuya madre fue asesinada a golpes el 20 de diciembre de 2015 y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido. Brisa vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía, y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías.

Durante el debate en el recinto, la diputada de la UCR Alejandra Martínez valoró el impulso que le dio a la causa la ONG Casa del Encuentro y destacó que se trata de una “oportunidad histórica” para avanzar en un régimen de reparación que de respuesta a una situación de “profundo desamparo” que viven las hijas e hijos de víctimas de femicidios.

El 31 de mayo pasado, y con 53 votos afirmativos, el Senado aprobó el proyecto y Diputados la convirtió en ley también por unanimidad: 203 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.

En detalle

La ley, en su artículo 3°, declara que esta remuneración “debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417”, y que “es inembargable y se abona por cada persona menor de 21 años o con discapacidad siendo retroactiva al momento de cometerse el delito, aunque se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la ley”.

Las personas que administren la prestación mensual deberán acreditar ante el Estado que tienen a cargo a esos niños o adolescentes. Además, la ley aclara que esta reparación económica “es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares, con las pensiones de las que las niñas, niños y adolescentes sean beneficiarias/os, con el régimen de alimentos que perciban por parte de su progenitor/a y/o progenitor/a afín u otro familiar, y/o con cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios/as”.

La ley fue impulsada en ambas cámaras del Congreso por la Casa del Encuentro, una organización fundada el 4 de octubre de 2003 por las dirigentes feministas Ada Beatriz Rico, Fabiana Tuñez y Marta Montesano, y se inscribe en la agenda de género del movimiento Ni Una Menos.