Salta 2141, el juicio: los principales argumentos de cierre de las defensas

Este lunes comenzaron en el Centro de Justicia de Penal los alegatos de cierre en el marco del juicio por la tragedia de Salta 2141, ocurrida el 6 de agosto de 2013. En ese marco, la Fiscalía, la querella y las defensas de los imputados de la administración y Litoral Gas presentaron sus últimos argumentos a la espera de la sentencia del tribunal. Este martes tendrán lugar las presentaciones de las defensas del gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño. En ese sentido, la mayoría de las partes mostró sus últimas cartas en el tramo final del juicio que busca determinar las responsabilidades en torno a la peor tragedia de la historia de la ciudad de Rosario.

Se prevé que la semana próxima los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zavala dicten su veredicto.

En la sala reinó una tensa calma, con la presencia de los familiares de las víctimas y allegados de los imputados. Se palpita un cierre de juicio que estará muy marcado por lo que dicte el tribunal y que girará alrededor de esa decisión, que varía entre el pedido de la querella de condenar a los 11 imputados y lo que ven desde las otras partes, que apuntan directamente contra el gasista Carlos García.

Imputados

La Fiscalía acusó al gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño (que intervinieron en el cambio del regulador el día del hecho); Norma Bauer, Carlos Repupilli y Mariela Calvillo (miembros de la administración del edificio); Guillermo Oller y Luis Curaba (reclamistas de Litoral Gas); Viviana Leegstra (gerente técnica de Litoral Gas) y Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas), por el delito de estrago culposo agravado, y se solicitó la pena de 5 años de prisión efectiva para todos los imputados.

La Fiscalía

Tal como planteó en el inicio del juicio y desarrolló con los testimonios presentados, se pidió la pena máxima por estrago culposo para todos los imputados, a excepción del inspector Gerardo Bolaño y el gasista José Luis Allala, quienes trabajaron las semanas previas en el lugar. Apuntando a la cadena de responsabilidades, el fiscal Miguel Moreno encabezó el discurso de cierre y también le apuntó fuertemente al ayudante del gasista. De la investigación y el proceso participaron Graciela Argüelles, María Eugenia Iribarren y Valeria Piazza Iglesias.

“La administración tenía la obligación de velar por el mantenimiento de bienes y personas que vivían en Salta 2141, por la seguridad de los trabajos que debían realizarse de manera segura. García y Miño en sus roles de gasista y ayudante, les incumbía que dicho trabajo se realizara de forma segura. Oller y Curaba en su calidad de empleados de Litoral Gas, afectados al mantenimiento de redes, les incumbía el deber de velar porque el suministro de gas se realizaran de forma segura y eficaz. Leegstra y Tonucci son de dirección y gestión de acciones que tiendan a la provisión en condiciones eficientes y seguras del suministro de gas”, resumió de entrada.

Además de cuestionar los procedimientos de los administradores, señaló: “La negligencia de García que no verificó si Miño cerró el gas. Su conocimiento en la materia le sobraba para darse cuenta que estaba frente a una válvula dura y no cerrada, como podía creer Miño”. El fiscal fue por primera vez contra el ayudante del gasista y planteó como improbable que García, con su experiencia, no notara un error tan básico como cerrar la llave antes de operar. Cuestionó además que Miño se fuera a cortar la calle pero no atinara a tocar los timbres para alertar a los vecinos del edificio. Lo mismo para García, que se fue “en busca de ayuda” y dejó al portero y a Luisina Contribunale, fallecida, mirando la mecha del calefón.

Cuestionó que el Enargás haya sancionado administrativamente a Litoral Gas pero en los testimonios señalaran por ejemplo que el “tiempo razonable” quedó atado a la falta de maquinaria perforadora y obturadora. “En distribución de gas, los peligros son altísimos, esas máquinas son y eran necesarias e imprescindibles aunque no se usen jamás. Podría haber representado una hora y media menos de incendio”, relató.

La querella

La querella que representa a la familia Gianángelo sostuvo su postura y exigió la pena máxima para todos los imputados. Trazó comparaciones del caso con la Amia, Kosovo y con referencias a cómo se desarrolló el juicio por las tragedias de Cromañón y Once. Adhiriendo lo expresado por la Fiscalía, los abogados Ángelo y Luis Rossini señalaron que el gasista “fue el responsable del desacople que produjo la fuga masiva de gas y luego la explosión. Si García hubiera actuado bien, la explosión no ocurría”.

“El ayudante Miño se puso a sí mismo en una situación determinada. No hace falta tener grandes conocimientos para saber que el gas es una sustancia peligrosa e inflamable. Lo que requería Miño para evitar la tragedia eran conocimientos básicos. No cerró correctamente la válvula de bloqueo, era muy poco lo que se le pedía. La testigo Perotti lo vio trabajando en el regulador, es ilógico pensar que solo alcanzaba herramientas. Si se cerraba la válvula de bloqueo, no ocurría la explosión. Cooperó a que se genere la fuga de gas y posteriormente las 22 muertes”, expresaron.

Apuntaron contra los empleados de Litoral Gas por incumplir deberes a su cargo y haber colaborado para aumentar el riesgo que terminó en la explosión. Los procedimientos las semanas previas y la no solución definitiva al problema del suministro en Salta 2141 culminaron con el trabajo fatal de García el 6 de agosto.

También contra la gerenta técnica Viviana Leegstra y el jefe de mantenimiento Claudio Tonucci, a quienes responsabilizaron por su calidad de personal jerárquico de una empresa que proporciona el gas. “Tienen la obligación de cuidar los bienes jurídicos afectados por ese riesgo. Tenían la posición de garante que los obligaba la creación de un riesgo relacionado con el servicio de gas. Tenían una función propia de control sobre los reclamistas. Hubo muchas alarmas”, relataron.

“Hay un discurso generalizado en el que se busca usar a García como chivo expiatorio. Es cierto que trabajó en clandestinidad, pero ellos lo permitieron. Todos estos incumplimientos permitieron que el gasista haga lo que hizo”, indicaron.

“Si no se hubiese incumplido el deber de control, la explosión no hubiera ocurrido. La demora en cortar el servicio. ¿Hay constancia de reclamo de Tonucci o Leegstra a sus superiores por la falta de recursos? No. Si hubieran pedido y le hubieran dicho que no, medianamente se entiende, pero nunca los pidieron. No cortaron el gas, no hicieron nada. Débora Gianángelo murió por inhalación de monóxido de carbono, la encuentran muerta dos días después. ¿Qué hubiera pasado si las tareas de rescate hubieran sido antes? Se la podría haber encontrado con vida”, afirmaron.

“Sostenemos la petición de pena de 5 años para cada uno de los imputados. La magnitud de los hechos hace que nos quede chica la pena. Nadie quiso la tragedia, pero la negligencia y la ligereza con la que procedieron nos lleva a pedir que se condene a los 11 imputados por estrago culposo agravado en carácter de coautores”, pronunciaron.

La administración

“Estamos hablando de derecho penal, no de emociones”, comenzó su alegato de cierre Víctor Corvalán, defensor de Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli. “El 6/8 ocurrió una explosión con motivo de un escape de gas, provocó el derrumbe de uno de los bloques de Salta 2141 y luego se produjo un incendio. El escape se produce en ocasión en que el gasista estaba manipulando las cañerías con el objetivo de cambiar el regulador”, planteó.

“Como consecuencia de este tremendo estrago fallecieron 22 personas, sufrieron heridas varias decenas y hubo pérdidas materiales incalculables. No es posible hablar de coautoría de nuestros defendidos. No es cierta esta cadena de supuestas negligencias de los días anteriores”, indicó.

“Vamos a pedir la absolución de nuestros defendidos. No pretendemos negar que Norma Bauer prestaba colaboración con su hija. Atendía el teléfono, pero eso no la convierte en administradora del edificio, función que sí cumplía Mariela Calvillo, su hija”, añadió.

“Vincular a Calvillo, su madre y Rapuppilli con esta cuestión que fue un reclamo de una vecina, es totalmente imposible porque nuestros defendidos no tenían por qué cumplir con esas normas. Es tan así que ningún administrador de edificio para aquella época conocían la regulación”, expresó.

“La explosión no se produjo por la falta de presentación de un formulario. Los gasistas hacían lo que querían antes de Salta 2141. En este caso se omitió algo básico como cerrar la llave de paso de gas antes de trabajar, no requiere de un conocimiento específico”, indicó sobre el día de la tragedia.

“Hay una errónea interpretación que lleva a imputar a estas tres personas que hoy nos toca defender. Ellos no estaban el 6/8, no debían estar, Mariela ya había contratado al gasista matriculado para realizar el trabajo. Hubo errores en la aplicación de una teoría del delito. Cambiar el regulador de gas era la finalidad desde el convencimiento de que eso iba a solucionar el problema de presión. Se debía contratar a una persona idónea y eso fue lo que hizo Mariela”, pronunció.

“Mariela no puede ser considerada coautora porque no causó estrago. El que causa el estrago es el que provoca la fuga de gas. En realidad, hilando más fino, el que provoca la explosión es alguien (lo ignoramos) que prendió un cigarrillo, llamó al ascensor. Pero el gasista desenroscó las únicas dos uniones dobles sin haber cerrado la llave de servicio”, cuestionó.

“La acción final era cambiar el regulador, García o cualquier otro que quisiera cumplir el objetivo, tenía que cerrar la llave de servicio. Asumió él mismo ser el responsable de cerrar la llave y ahí es cuando empieza a violar las normas que tiene que cumplir, él como matriculado sabía que tenía que hacerlo. Pero luego, viola una norma que hace a su oficio: cerrar la llave antes de empezar a desenroscar. La causa del estrago encuentra su origen en ese escape de gas incontrolable que además viene sucedido de otras violaciones, debió intentar evitar que saliera más gas tapándolo con su camisa, cerrar la puerta de entrada al edificio, pero no lo hizo”, añadió.

“García fue negligente porque no cerró la llave, imprudente porque empezó a desenroscar. No tenemos explicación de lo que le pasó a García. Apenas se empieza a desenroscar empieza a salir el gas, ¿cómo García no paró? ¿Por qué siguió desenroscando? No tenemos respuestas”, señaló y cerró: “Jamás pudieron prever lo que sucedió, obraron siempre con la diligencia necesaria. La explosión, derrumbe e incendio tiene ninguna vinculación con lo que ellos realizaron”.

Litoral Gas

A cargo de la defensa de los imputados de la empresa Litoral Gas, el abogado Walter Stramazzo tomó la palabra en el cierre de la jornada de lunes y le contestó a los alegatos de Fiscalía y la querella que mencionaron a Cromañón y Once para trazar paralelismos de cómo fue el proceso judicial. Pidió la absolución de los cinco acusados de la firma.

“Se hicieron menciones a la tragedia de Once y Cromañón. Lo que no se dice es que la base fáctica no tiene nada que ver con Salta 2141. El buque insignia del que hablaban no va a ser posible en este caso porque son distintos”, expresó, y señaló todas las diferencias, como la condena al motorman por la tragedia de Once y la extensión a funcionarios por administración fraudulenta.

“Esta imputación y condena trajo como primera consecuencia de la corrosión de los vagones. Los peritos han dicho que todo el material en cuanto a su estado y funcionamiento no merece reproche.  Aumentaron el riesgo y el riesgo tiene que trasladarse al resultado. Eso es lo que pasó en Once, el estado de los vagones incidió en el hecho”, afirmó.

“¿Por qué no se termina de frenar el tren? Porque no funciona el freno y no tenía velocímetro. Acá en calle Salta sí funcionaban las cosas”, resaltó, y continuó: “Los trenes son recibidos por un paragolpes que amortigua el impacto. Los directivos sabían que no funcionaba. Habían modificado las frecuencias, lo que implica más personas”.

“Esto está mal llevado desde el principio. Se ha hecho un ataque indiscriminado a Leegstra. Ella no priorizó costos, dijo que vaciar las cañerías hubiera tomado tiempo”, expresó en respuesta a los dichos de la querella de que la gerenta de la firma supuestamente había dicho que se priorizaba no cortar el servicio a 300 mil usuarios por la tragedia.

“¿Cómo se va a imaginar Litoral Gas si ellos mismos admiten que el trabajo se hizo clandestinamente? ¿Cómo iba a evitar Tonucci o Leegstra que se dispusieran a desacoplar con la llave abierta?”, expresó.

“Cualquier otra situación previa jamás puede ser elevada al estatus de causa. El 6/8 por supuesto por absoluta desgracia, nacieron dos verdades. Es una desgracia sin igual, pero también no puede quedar impune. Esto no quiere decir que no haya otras verdades”, añadió.

“Se sigue insistiendo en que la válvula no funcionaba. Seis veces se operó entre el 26 y el día de la explosión. No se puede hacer un planteo y pedir cinco años de prisión con una teoría absurda. ¿En función de qué? ¿Cómo explicar desde la lógica que quien cerró la válvula causó el estrago?”, manifestó.