Salta 2141, el juicio: el pedido de la Fiscalía, la defensa y el primer testimonio

La fiscal Graciela Argüelles pidió cinco años de cárcel para la mayoría de los acusados por la explosión que mató a 22 personas. Esa es la pena máxima por estrago doloso agravado, es decir el delito que se les imputa, y apuntó con esa tipificación legal contra 9 de los 11 imputados. Por los dos restantes pidió absolución. Argüelles ejerce la acusación junto a sus colegas María Eugenia Iribarren, Miguel Moreno y Valeria Piazza Iglesias. El tribunal que deberá dictar una sentencia está integrado por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva.

En el inicio del debate, en el que se esperan que declaren más de 100 testigos, Argüelles fue la encargada de definir los responsabilidades que se le atribuyen a cada uno de los once acusados. En ese sentido, la fiscal solicitó al tribunal que aplique la pena máxima que prevé el código Penal para el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 22 personas.

Esa tipificación pidió para los gasistas Osvaldo Carlos Garcia y Pablo Miño, quienes intervinieron en el cambio del regulador el día del hecho; para Norma Bauer, Carlos Repupilli y Mariela Calvillo, miembros de la administración del edificio); para Guillermo Oller y Luis Curaba, reclamistas de Litoral Gas; Viviana Leegstra, gerente técnica de Litoral Gas y Claudio Tonucci (Jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas).

En tanto, Argüelles pidió la absolución para el reclamista de Litoral Gas Gerardo Bolaños y del José Luis Allala, al entender que las conductas de ambos no influyeron en el trágico final.

Estos son los fundamentos acusatorios de la Fiscalía:

– A Osvaldo Carlos García (Gasista) y Pablo Miño (Ayudante del gasista), se les atribuye el hecho de haberse presentado entre las 9 y 9:38 am y haber causado la explosión e incendio del edificio de calle Salta 2141, por haber provocado una fuga de gas mientras manipulaban la conexión de ingreso de la provisión de gas a dicho edificio cuando pretendían cambiar el regulador de Gas sin cerrar la llave de paso (o de haberla cerrado no lo hicieron adecuadamente). Para luego, no contener la fuga y marcharse del lugar.

– A Norma Bauer (integrante de la administración), Carlos Repupilli (asesor jurídico e integrante de la administración) y Mariela Calvillo (administradora del consorcio), en su carácter de integrantes de la administración del consorcio y al tener el deber de custodia del edificio y de los bienes comunes del mismo, se les atribuye haber violado dichos deberes. Así, ante la necesidad del cambio de regulador, el personal de la administración contrata a García, tomando conocimiento a través del mismo que éste realizaría las tareas de una forma no permitida, omitiendo en la reunión de consorcio celebrada el 02/08/13, advertir a los presentes esta irregularidad .

A su vez se les atribuye no haber hecho caso a reiterados reclamos de los copropietarios con relación a la subsistencia de los inconvenientes con el servicio de gas.

– A Guillermo Oller y a Luis Curaba se les atribuye haber concurrido el día 26 de julio de 2013 aproximadamente a las 21: 40 como reclamistas de litoral gas al edificio de calle Salta y haber restablecido el servicio de gas. Antes de restablecer el gas, no corroboraron los trabajos efectuados por Allala, ya que no le requirieron al mismo ningún informe detallado de los trabajos realizados, materiales utilizados y pruebas efectuadas sobre la instalación, omitieron a su vez la exigencia de rehabilitar el servicio en presencia del gasista matriculado (Allala). No efectuaron ningún control sobre la totalidad de las instalaciones, limitándose a controlar la ausencia de pérdida en el gabinete, sin realizar una verificación integral de dicha instalación. Omitieron efectuar el control de todas las unidades habitacionales (dptos.) en cuanto a sus instalaciones de servicio y correcto funcionamiento de los artefactos. Habilitaron el suministro de gas, contando el edificio con un solo regulador, cuando según la reglamentación debía contar con dos.

– A Viviana Leegstra (Gerente técnica de Litoral Gas) y Claudio Tonucci (Jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas), No haber ejercido adecuadamente el deber de control y vigilancia respecto de las funciones delegadas al personal a su cargo, todo ello teniendo en cuenta el peligro que importa la actividad que realiza la prestataria vinculada a la manipulación de sustancias peligrosas.

No haber exigido reportes ni informes al personal a su cargo que realizó tareas en el edificio de calle Salta 2141.

No haber instruido al personal a su cargo respecto de las normas de seguridad que debían observar ante la detección de pérdidas, la manipulación de redes y en la rehabilitación del servicio de gas, tampoco sobre la presentación de los informes en relación con las actividades realizadas.

No haber elaborado de conformidad con las normas y reglamentaciones vigentes, un plan de emergencias para interrumpir el suministro del servicio de gas en un tiempo razonable, detallando los sistemas que se considerasen más convenientes para interrumpir dicho servicio de gas.

La defensa de Litoral Gas

El abogado defensor de los operarios y responsables jerárquicos de Litoral Gas que están imputados en la causa por la explosión del edificio de Salta 2141, Walter Stramazzo, aseguró hoy que demostrará que los mismos “no tuvieron absolutamente nada que ver” con el estrago que provocó la muerte de 22 personas el 6 de agosto de 2013.

Durante el primer día del juicio y en el marco de los alegatos de las defensas, Stramazzo dejó en claro que “si hubo una fuga de gas que inundó el edificio, jamás puede ser coautor de ese hecho quien había actuado antes y había cerrado el suministro”.

El defensor de los operarios y responsables técnicos de la empresa aludió así al trabajo que reclamistas de Litoral Gas hicieron días antes de la explosión, cuando detectaron pérdidas y cortaron el suministro en el edificio.

Además, se mostró sorprendido de que tanto la Fiscalía como la querella hayan acreditado durante sus alegatos “la clandestinidad con que se realizó el trabajo que derivó en la tragedia”.

Así, se alineó con otro de los defensores de los imputados, en direccionar la responsabilidad de la explosión en el accionar del gasista Carlos García, quien intentó cambiar el regulador el día del siniestro.

El profesional dijo que había otro reclamista de Litoral Gas que también actuó en el edificio y sin embargo no se lo imputó, por lo cual se preguntó: “¿Quién define hasta dónde se llega en el nivel de presuntas responsabilidades?”.

Así las cosas, remarcó su convencimiento de que demostrará que los imputados por la empresa “no tuvieron absolutamente nada que ver con el estrago”.

La palabra de la administradora del edificio

“¿Que estoy haciendo acá?, es una pregunta que no puedo responderme después de seis años, yo también quiero justicia, justicia no es que estemos acá sentados e imputados sin saber porqué. Mucho de leyes no entiendo pero me siento insegura jurídicamente”, expresó Calvillo y agregó “yo administraba el edificio de calle salta y nunca pensé que iba a estar siendo juzgada por ser representante de un consorcio”.

Sobre sus expectativas en cuanto al juicio manifestó: “La opinión pública cree que nosotros somos unos monstruos. Tengo dos expectativas con este juicio: la primera es que me digan que datos y pruebas concretas tienen para que me digan porque estoy acá y la otra expectativa no es salir sobreseída, sino que se demuestre perfectamente mi inocencia”.

Calvillo que ingresó al Centro de Justicia Penal con un andador, debido a una reciente cirugía de cadera, habló sobre lo ocurrido el fatídico 6 de agosto de 2013:“ el día de la tragedia estaba en la administración cuando un llamado nos avisa que había fuego en el edificio. Inmediatamente me remití al lugar y cuando vi a media cuadra el edificio fue shockeante . En ese momento estaba muy nerviosa, la gente preguntaba por hermanos, familiares, fue una situación terrible, en todo momento me dispuse a ayudar en todos los frentes. Mis días empezaban a las 5 de la mañana y terminaban a la madrugada”, relató y contó también que colaboro con los subsidios, con los seguros. “Nosotros llevamos en nuestro auto a la policía porque necesitaban nuestra declaración, y con ellos fuimos a la comisaría. Si yo hubiese tenido algo que ocultar: ¿les parece que hubiese actuado de esa forma?”

Después de hablar durante poco más de 20 minutos cerró diciendo: “no van a encontrar ninguna prueba, ningún elemento para que esté yo sentada acá. Estoy a disposición de todo el que quiera en cualquier momento, vine con un almohadón, mi intención es quedarme para que me pregunten lo que sea, todavía no tengo el alta médica”.