Es ley: no se podrán vender terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años


El Senado de la Nación sancionó este viernes una ley que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

La iniciativa –impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner– fue aprobada por 41 votos aportados por el oficialismo, contra 28 del interbloque de Juntos por el Cambio y una abstención del senador del Frente de Todos por Corrientes Carlos “Camau” Espínola.

La oposición rechazó la norma por considerar que “es inconstitucional” y “perjudica a los productores agropecuarios” que no podrán “disponer de sus tierras” en caso de incendio, sean o no intencionales.

Como miembro informante, la senadora Ana Almirón, informó que “Argentina ardió en llamas literalmente” y precisó que hubo 900 mil hectáreas afectadas en 22 provincias y que “más del 90 por ciento” de los incendios “se dieron producto del accionar del hombre, intencional o por descuido”.

“Es sumamente urgente” una normativa de esta naturaleza, consideró Almirón, y rechazó las críticas de opositores que sostienen que se trata de medidas contrarias a los productores agropecuarios. “No podemos permitir que algunos vivos hagan negocios justamente con la afectación del medio ambiente”, proclamó.

En nombre de la oposición, la senadora de PRO Gladys González consideró que “no se puede ser hipócrita y ser ambientalista”, afirmó que la ley “mezcla todo” (si un incendio fue intencional o accidental) y acusó al oficialismo de quedarse a medias con este tipo de propuestas que buscan proteger el medio ambiente.

Para González, cuando una “ley busca proteger todo en verdad no quiere proteger nada” y consideró que hubo diputados que “no se animaron a sugerirle modificaciones a quien por estas horas pareciera que va a ser su próximo candidato a presidente”, en alusión a Máximo Kirchner.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 18 de noviembre por 132 votos a favor y 96 negativos en el marco de una extensa sesión en la que hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición.


La ley


Al tratarlo en comisión, los senadores aprobaron modificar la ley 26.815, de Manejo del Fuego, para que se establezca que quedarán prohibidos desde la extinción de incendios realizar modificaciones en el uso y destino de esas superficies así como cualquier emprendimiento inmobiliario.

El artículo 22 bis establece que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por 60 años desde su extinción modificar en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”.

También se prohibirá durante ese lapso “la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria, el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.

La propuesta prevé no permitir, además, “la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.

En la iniciativa se establecen las mismas restricciones pero por 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural.


Sanción y dudas


La ley establece la prohibición de cambiar el uso de terrenos incendiados “para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”. Es decir, si un empresario ganadero prende fuego para el rebrote no se verá afectado, ya que el uso del suelo seguirá siendo el mismo, no importa si pastorea veinte vacas o mil.

“Vamos a acompañar esta ley críticamente”, había expresado Nicolás Del Caño, del FIT, durante el debate en Diputados, “por recomendación de distintas organizaciones socioambientales y personalidades, pero lejos está de un apoyo a la política del Gobierno, que es claramente de avance del extractivismo”. Su compañera Del Plá sostuvo que “es una modificación parcial de una ley, no una revolución ni un cambio de paradigma”. Para la izquierda la clave está en la movilización y la lucha independiente de todos los sectores que expresan y fomentan esa política.

En ese sentido, durante su exposición Del Caño mencionó el freno a la ley de humedales, para la cual la izquierda presentó un proyecto. Hasta el momento solo la comisión ambiental de Diputados emitió dictamen unificado, por lo que no será tratada en sesiones ordinarias. Del Plá se sumó al pedido de que “hagan cumplir las leyes y que los Gobiernos de su partido dejen de ser cómplices de la depredación del lugar donde todos, todas y todes tenemos que vivir”.

Aunque el oficialismo intentó presentarlo como el fin para el negocio del fuego, especialistas caracterizaron la iniciativa como una “ley tribunera”. Las fuentes consultadas por La Izquierda Diario coinciden en que ya existen leyes para proteger, conservar y hasta restaurar superficies incendiadas, pero el problema reside en la falta de controles y financiamiento, como ocurre con la ley de bosques, a la que el presupuesto 2021, a la medida del FMI, destina apenas un 4.8 % de lo que corresponde.


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