En detalle: la imputación a Esteban Alvarado y su organización, que incluía policías

Este viernes se desarrolló en la sala 10 de la Oficina de Gestión Judicial de la ciudad la audiencia imputativa sobre Esteban Alvarado y otras cinco personas. Le atribuyeron la organización de las tres últimas balaceras contra objetivos y domicilios relacionados con el Poder Judicial. La concreción de esos atentados implicó desplegar un plan de impresionante cálculo estratégico para el que fue necesario infiltrarse en la propia investigación que lo tenía a Alvarado como acusado de un asesinato y que manejaban los fiscales que hoy lo imputaron.

Para meterse en la pesquisa, Alvarado utilizó a los policías que están en la audiencia junto a él -el jefe operativo de la Policía de Investigaciones, el comisario Martín Rey, y su hermano Marcelo Rey, su colaborador más estrecho-, acusados por eso de delitos diversos como asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según los fiscales urdió una estrategia cuyo principal objetivo era sacarse de encima la acusación por el homicidio de Lucio Maldonado, el prestamista asesinado en noviembre pasado, luego de haber estado unas horas secuestrado en una quinta cuyo propietario es Alvarado. Para ello lo que ideó fue echarle la culpa a la Banda de Los Monos y hacer que los fiscales creyeran eso. ¿Por qué quería hacer eso? Porque ese delito representa para él la perspectiva de prisión perpetua.

Para concretar su estrategia generó delitos nuevos idénticos a los que miembros de Los Monos hicieron en el pasado reciente: atentados a blancos judiciales. Por eso gente de su entorno produjo los ataques a balazos al Centro de Justicia Penal, a los Tribunales de calle Balcarce y el último, el más singular, a la casa de una empleada técnica de la misma Unidad Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional, que investigaba las balaceras anteriores.

Por doce de estas balaceras previas ya hay imputados y presos distintos miembros de Los Monos. Lo que Esteban Alvarado diseñó desde ahí, dijeron los fiscales, fue un sistema para transferir la culpa a dos personas. Una un miembro de Los Monos, Luciano “Chulo” Olivera. El otro es Rodrigo Ortigala, un testigo de identidad reservada que había pertenecido al círculo íntimo de Alvarado, pero que ahora se había presentado a la Fiscalía a declarar en su contra, cosa que Esteban ya sabía.

Imputados

  • Esteban Lindor Alvarado por los delitos de Amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, teniéndolo como instigador del mismo (tres hechos); Jefe de Asociación ilícita en calidad de autor.
  • Martín Rey por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario Público y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente gravado en concurso real, en calidad de autor.
  • David Marcelo Rey por los delitos por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario Público y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente gravado en concurso real, en calidad de autor.
  • Jorgelina Miriam C. por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario Público; Encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y cohecho,y Trafico de influencias agravado por ser el funcionario público integrante del Ministerio Público de la Acusación.
  • Nicolás Marcelo O. por los delitos de Amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, teniéndolo como partícipe secundario y concurre idealmente con el delito de Encubrimiento agravado.
  • Pablo B. por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, Encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y Cohecho, y tráfico de influencias agravado por ser el funcionario público integrante del MPA.

Detuvieron a dos comisarios de la PDI acusados de colaborar con Esteban Alvarado

Los Fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional de la Fiscalía Segunda Circunscripción imputan a:

Alvarado por haber determinado a terceras personas, utilizando su capacidad de influir y a partir de los recursos materiales y económicos que detenta para efectuar los siguientes hechos:

En fecha 10 de diciembre de 2018 a las 2.16am en los Tribunales Provinciales de Rosario, sita en calle Balcarce 1651, cuando dos personas se trasladaban a bordo de una motocicleta oscura por calle Balcarce desde el norte, se detienen frente a la puerta de dicho edificio y el acompañante del conductor efectúa al menos 12 disparos con proyectiles 9mm hacia la puerta de calle Balcarce, dejando un cartón de 15cm por 20cm el cuál tenía escrito en letra imprenta “con la mafia no se jode Atte: Esteban Alvarado”, retirándose en dirección al sur.

En misma fecha, 10 de diciembre de 2018 a las 2.38am, 22 minutos después de ocurrido el primer hecho, en el Centro de Justicia Penal de Rosario sita en calle Sarmiento 2850, dos personas se trasladaban en una motocicleta tipo enduro color roja y blanca, ingresan por la vereda de la plaza central de la manzana donde se encuentra dicho edificio y al momento de arribar a la ochava noroeste, la persona que estaba como acompañante, arroja un cartel con la inscripción “Con la mafia no se jode, Atte: Esteban Alvarado”, posteriormente la misma persona efectúa al menos 5 disparos de arma de fuego contra dicho edificio. Previo a efectuar el hecho y con el objetivo de desviar la atención del personal policial de vigilancia, M. G. (ya imputada en fecha 22/12/18) se presenta ante los efectivos simulando estar enferma, generando así una maniobra distractiva. Una vez cometido el hecho ordenan insertar en el teléfono supuesto de una persona relacionada a la familia Cantero, mensajes que lo relacionaban con aquella mujer.

Hecho ocurrido en fecha 14/01/19 en horas de la noche en calle Rioja al 500 de la Ciudad de Rosario, haber determinado a terceras personas para que de forma anónima dejen la cabeza de un perro dentro de una caja en la puerta de la vivienda de una empleada del Ministerio Público de la Acusación, con el fin de alarmarla y con el propósito de obteneruna variación del curso de investigación del homicidio de Lucio Maldonado, cuerpo hallado el 13 de noviembre de 2018 en zona de Circunvalación y Oroño de Rosario.

Se le atribuye ser el jefe de una asociación ilícita destinada a cometer delitos, al menos desde el periodo de agosto de 2018 hasta el 29 de abril de 2019, período en el cuál se dirigió la administración de recursos materiales y humanos con fines delictivos.

La asociación repartía sus tareas entre personas que conforman tres estamentos diferenciados: el primero de ellos integrado por quienes bajo sus órdenes procuraban los medios materiales para la comisión de delitos contra la propiedad y contra las personas. Estas personas proveían armas y vehículos a la organización, contactaban y retribuían económicamente a las personas a cargo de ejecutar delitos, llevaban a cabo tareas de seguimiento, e identificación de personas, e intimidaban a personas, para obtener algún beneficio para la organización; el segundo de los estamentos constituido por un grupo de personas que en cumplimiento de sus órdenes llevaban a cabo hechos ilícitos y delictivos tendientes a dotar de impunidad los hechos ejecutados por los integrantes de la organización. Esa tarea era cumplida con el aporte de profesionales, personal policial y otras personas. Entre las tareas realizadas se encuentran la de brindar información falsa a los investigadores del MPA, aportar información reservada de las investigaciones en curso al jefe de la organización, omitir llevar a cabo tareas propias de su función en relación a la localización y detención de Esteban A. y simular operativos policiales para incorporar
información falsa a las investigaciones; a éste estamento lo integran al menos Martín R., Marcelo R., y Jorgelina C. El tercer estamento integrado por un grupo de personas que se encargaba bajo las directivas de Esteban A. de gestionar un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permiten ocultarse tras el amparo que brindan las estructuras societarias. Empresas investigadas, dedicadas especialmente a actividades de logística, transporte y comercialización de rodados y empresas unipersonales. A través de ellas se proveían bienes muebles, inmuebles y servicios a toda la estructura; recursos materiales y humanos disponibles para la comisión de delitos; inmuebles para que vivan sus miembros y para guardar rodados de la organización; dinero para pagar a personas para obtener de ellas información y otras tareas que permitan la ejecución de diversos delitos; rodados de distinto porte que tenían disponible para el traslado de los integrantes
y la comisión de delitos, y personal dependiente de las sociedades disponibles para distintas tareas operativas de la organización. Dicha organización compuesta por Marcelo Nicolás O, Marcelo R., Martín R., y Jorgelina C. entre otros.

A Martín Rey se le imputa en su carácter de policía integrante de la PDI división Operativa de la UR II, tomar parte en una asociación o banda de tres o más personas cuyo jefe es el sindicado Esteban A., destinada a cometer delitos indeterminados, incumpliendo además los deberes que como funcionario público policial le impone la ley y los reglamentos vigentes, todo conforme las siguientes circunstancias:

En su carácter de jefe de una de las brigadas operativas haber indicado a sus dependientes que el automóvil que tomó parte en el ataque a la vivienda de una empleada del Ministerio Público de la Acusación e integrante del equipo de trabajo de la
Unidad de Gravedad Institucional del MPA el 31/01/19, poseía un dominio específico que se insertó en un informe de procedimiento el cual le fuera entregado a la Unidad de Gravedad Institucional el 4/02/19. En ese informe se daba cuenta del seguimiento con videocámaras de los vehículos que participaron en el atentado antes mencionado, se indicaba que el vehículo Volkswagen Up gris, en el que se retiran los agresores luego de abandonar la motocicleta, era el antes indicado. Todo ello a sabiendas que ese dato era falso, que ese dominio correspondía a vehículos contra quien Esteban A. pretendía se dirija la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado.

Además se imputa haber indicado a los fiscales a cargo de la investigación en fecha 22 de diciembre de 2018 a las 21.45hs que un grupo de personas de nacionalidad colombiana estaban escondidos en la localidad de Pueblo Esther y que los mismos serían los autores de los atentados al Centro de Justicia Penal y de los Tribunales Provinciales el 10/12/18, a sabiendas que eso no era verdadero y con la intención de desviar la investigación hacia otras 3 personas, una de ellas relacionada con la familia Cantero.

Por su parte se imputa haber participado de un allanamiento llevado a cabo en fecha 29 de abril de 2019 en calle Rivero al 5200 de la Ciudad de Rosario, cuyo objeto fue insertar un teléfono que contendría mensajes de texto destinados a ser analizados por los fiscales del MPA para que dirijan la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado, los atentados al Poder Judicial del mes de diciembre de 2018 y el de la casa de la empleada del Ministerio Público de la Acusación e integrante del equipo de trabajo de la Unidad de Gravedad Institucional del MPA,, hacia otras dos personas.

Todo ello habiéndolo llevado a cabo a sabiendas que su aporte formaba parte del plan común elaborado por Esteban A. cuya finalidad era desviar la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado e inculpar a otras 3 personas, una de ellas relacionada con la familia Cantero, como los responsables del mismo.

A David Marcelo Rey se le imputa, en su carácter de policía integrante de la PDI división Operativa de la UR II, tomar parte en una asociación o banda de tres o más personas cuyo jefe está sindicado Esteban A., destinada a cometer delitos indeterminados, incumpliendo además los deberes que como funcionario público policial le impone la ley y los reglamentos vigentes, todo conforme las siguientes circunstancias:

Haber participado del allanamiento llevado a cabo en fecha 29 de abril de 2019 en calle Rivero al 5200 de la Ciudad de Rosario, cuyo objeto fue insertar un teléfono que contendría mensajes de texto destinados a ser analizados por los fiscales del MPA para que dirijan la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado y los atentados al Poder Judicial del mes de diciembre de 2018 y el de la casa de la empleada del Ministerio Público de la Acusación e integrante del equipo de trabajo de la Unidad de Gravedad Institucional del MPA,, hacia otras 2 personas. Todo ello Ud lo llevó a cabo cumpliendo con su rol de proveedor de impunidad de la asociación ilícita liderada por Esteban A. y a sabiendas que su aporte formaba parte del plan común elaborado por éste cuya finalidad era desviar la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado e inculpar a otras 3 personas, una de ellas relacionada con la familia Cantero, como los responsables del mismo.

A Jorgelina Miriam C. se le atribuye el hecho ocurrido el 18 de diciembre de 2018 cuando recibe un mensaje de whatsapp enviado por una Subinspectora policial donde envía el contacto de una persona relacionada a la familia Cantero con el mensaje “ahí ese está recontra relacionado con las balaceras”, respondiéndole el personal policial “mañana voy para allá”. Luego, en reiteradas oportunidades les dijo a Fiscales y empleados de la oficina a cargo de la investigación que intervengan las comunicaciones de esa línea telefónica, todo ello como parte del plan de Esteban A. para desligarse del homicidio de Lucio Maldonado. Dicha información fue transmitida a personas allegadas a Esteban A. a efectos de prestar colaboración con la maniobra de encubrimiento por él ideada con el objetivo de desvincularse del hecho de homicidio de Lucio Maldonado, a cambio de dinero.

A Nicolás Marcelo O. se le imputa haber prestado colaboración esencial para la ejecución del hecho ideado y determinado por Esteban A., ocurrido el 31/01/19 a las 2am aproximadamente en calle Rioja al 500 de la Ciudad de Rosario, cuando terceras personas arriban al lugar a bordo de una motocicleta, que se detienen en el domicilio ubicado en dicha zona perteneciente a una empleada del Ministerio Público de la Acusación e integrante del equipo de trabajo de la Unidad de Gravedad Institucional del MPA; disparando en al menos 8 oportunidades con un arma 9mm en dirección a la puerta principal a una altura media y hacia la ventana del domicilio, los mismos ingresaron en la vivienda y dos de ellos impactaron en la pared de fondo de una habitación donde dormía uno de los moradores; dichas personas se dan a la fuga a bordo de un automóvil Volkswagen Up color gris. La colaboración consistió en haber hecho tareas de seguimiento, tomar registros fílmicos y fotográficos del domicilio, vehículos y un automóvil Volkswagen Up gris (de similares características al utilizado en el hecho) perteneciente a un testigo de cargo en la investigación por el hecho de homicidio de Lucio Maldonado; dicha información fue utilizada por personas integrantes de la organización para ejecutar el atentado descripto, intentando inculpar al testigo ya mencionado. Dicha colaboración fue realizada para ayudar a Esteban A. con el objetivo de intentar desvincularlo del
homicidio de Lucio Maldonado.

A Pablo B. se le imputa haber incumplido las obligaciones inherentes a su cargo en su rol de personal policial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, desempeñando funciones en el Ministerio público de la Acusación, y como investigador del equipo de gravedad Institucional del Ministerio, en causas iniciadas con motivo de distintos atentados de domicilios de magistrados judiciales y dependencias públicas del estadio municipal y provincial. En esa circunstancia Pablo B. entregó información reservada a terceras personas que debía saber que llegarían a conocimiento de Esteban A., a saber:

En fecha 18 de diciembre de 2018, le envió un Whatsapp desde su teléfono a Jorgelina C. un mensaje con datos de una persona, vinculada con la familia Cantero, con el mensaje “ahí ese está recontra relacionado con las balaceras” a lo que el personal policial le contesta “ok, mañana voy para allá”. Luego de ello y en reiteradas oportunidades les dijo al Fiscal Interviniente y empleados del equipo a cargo de la investigación que intervengan las comunicaciones de esa línea telefónica, todo ello como parte del plan de Esteban A. para desligarse del hecho de homicidio de Lucio Maldonado.

Además se imputa en fecha 17 de diciembre de 2018 entablar una conversación con uno de los fiscales de la investigación y ante su consulta el Fiscal le informa que el día 20 de diciembre se llevarían a cabo una serie de allanamientos a domicilios relacionados con Esteban A. Esa información la transmitió a terceras personas que le sirvió a Esteban A. para advertir la realización de esta medida a personas de su entorno. Por distintas razones los allanamientos no se llevaron a cabo. Se imputa transmitir información a terceras personas sobre un testigo de identidad reservada que había prestado declaración ante la Unidad de Gravedad Institucional de la Fiscalía en el marco de la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado. Dicha información fue transmitida a personas allegadas a Esteban A. a fines de prestar colaboración con la maniobra de encubrimiento por él ideada con el objetivo de intentar desvinculares de dicho homicidio y a cambio de dinero.